“Nos trae a la memoria acontecimientos de los últimos años del franquismo, donde también presos que estaban siendo interrogados en dependencias policiales saltaron por la ventana”, expresó Borrell en rueda de prensa.
No obstante, el ministro matizó, afirmando que no buscaba establecer “ninguna clase de identificación entre los acontecimientos que se produjeron en España” y en Venezuela o que un caso “es igual al otro”.
Bajo la dictadura franquista (1939-1975) tuvo especial resonancia el caso, en 1969, del estudiante izquierdista Enrique Ruano, quien supuestamente se suicidó lanzándose desde un séptimo piso estando bajo custodia policial.
Su familia siempre sostuvo que fue un asesinato. En todo caso, el gobierno venezolano tiene que “dar explicaciones, como lo tendría que hacer cualquier país si esta clase de acontecimientos se produjeran, porque la gente no se tira de las ventanas desde un décimo piso, algo tiene que haber ocurrido para que eso ocurra”, apuntó Borrell.
El concejal opositor venezolano, detenido cuando regresaba de Nueva York bajo acusación de participar el 4 de agosto en un ataque contra el presidente Nicolás Maduro con drones, se suicidó mientras estaba detenido en los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin), según el gobierno.
Pero sus copartidarios afirman que se trató de un asesinato y varios países, Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido una investigación independiente sobre lo ocurrido.
“Nosotros no tenemos nada contra” una investigación de la fiscalía venezolana, pero “este caso en particular amerita una investigación de carácter independiente”, destacó Borrell.
Por otro lado, Borrell y su homólogo brasileño, Aloysio Nunes, con quien se reunió en Madrid, señalaron que sus países no se unirán al pedido internacional para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad.
La solicitud fue hecha a finales de septiembre por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y luego respaldada por Francia.
Pero, para Brasil y España la CPI ya había abierto su propia investigación y la base jurídica para la acusación de crímenes de lesa humanidad es “poco nítida”, según los ministros.
Además, hacerlo podría dañar “la capacidad de mantener y establecer diálogos políticos” para solventar la crisis venezolana, dijo Borrell.
“España y Brasil estamos a favor de la solución pacífica de los problemas de Venezuela”, agregó Nunes.