El tribunal de Pamplona (norte), a cargo del caso, ya causó escándalo el pasado abril, cuando en primera instancia descartó la calificación de violación por los hechos.
Los acusados, de 27 a 29 años, habían penetrado sucesivamente a la chica en el portal de un edificio de Pamplona durante la fiesta de Sanfermines en julio de 2016 y se habían grabado a sí mismos.
Fueron condenados a nueve años de prisión cada uno por “un delito continuado de abuso sexual”, pero ahora podrán quedar en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, a la espera de que se examine su caso en apelación. Las organizaciones feministas llamaron a manifestarse el jueves, desde que se adelantó la noticia en medios locales, y en total miles salieron a las calles de Barcelona, Pamplona y el País Vasco.
Este viernes están previstas más movilizaciones en Madrid, Sevilla -de donde son originarios los agresores-, Valencia, Zaragoza y Granada, entre otras ciudades. “Ira y estupor por la libertad de La Manada”, titulaba el diario conservador ABC.
“El tribunal de ’La Manada’ redobla la ira al dejarlos libres”, encabezaba por su lado el rotativo catalán La Vanguardia. En su decisión, publicada este viernes, el tribunal de Navarra explica que no ve riesgo de reincidencia ante “la repercusión del caso y la presión que ha desatado” en contra de los cinco jóvenes.
Si pagan la fianza, los condenados, que llevan prácticamente dos años en prisión preventiva, estarán sometidos a estricto control: prohibición de salir de España sin autorización judicial, retirada del pasaporte, obligación de presentarse en el juzgado más próximo los lunes, miércoles y viernes, y prohibición de viajar a Madrid, donde reside su víctima, ahora de 20 años.
Uno de los jueces, no obstante, emitió un voto discrepante y se pronunció a favor de su mantenimiento en prisión preventiva incondicional durante la mitad de su pena, es decir, cuatro años y medio.
Los cinco jóvenes, entre ellos un guardia civil y un militar, esperan su proceso en apelación, después de que la fiscalía recurriera la decisión de primera instancia, que consideró demasiado clemente.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, dijo que apelará también la libertad provisional recién decretada. Hay una “distancia creciente (...) entre la propia sociedad y algunas decisiones judiciales”, declaró ante la prensa el alcalde, del partido separatista vasco Bildu.
Igualmente, este viernes al mediodía una petición lanzada en la web change.org contra la liberación de los condenados había sumado ya más de 547.000 firmas. La condena inicial, el 26 de abril, de los cinco muchachos de La Manada, a los que se exculpó de violación, provocó una ola de manifestaciones en España, donde el movimiento feminista ha cobrado especial fuerza en los últimos años.
Poco antes, el 8 de marzo, el país había vivido una inédita huelga en defensa de los derechos de las mujeres, en la que participaron millones de personas. La nueva ministra del gobierno socialista español, Dolores Delgado, evitó comentar la decisión del tribunal y se limitó a destacar que los hechos establecidos en el caso son “gravísimos”, y que exigen “reformas mentales”.
La primera medida anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, que asumió funciones a comienzos de mes, es una formación para jueces y fiscales para sensibilizarlos más sobre la forma de combatir la violencia machista.