“No hubo 'pedaladas fiscales' (maquillaje fiscal), hubo operaciones autorizadas por ley”, dijo Barbosa a los medios tras un encuentro en Sao Paulo con empresarios.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) debía juzgar hoy si aceptaba o no la justificación del Ejecutivo de Dilma Rousseff sobre el supuesto maquillaje fiscal en las cuentas públicas de 2014.
No obstante, el órgano fiscalizador ha decidido retrasar su resolución y otorgar un plazo de treinta días más para que Rousseff comparezca personalmente ante el tribunal y ofrezca explicaciones más detalladas.
De acuerdo con el TCU, entre 2013 y 2014 el Gobierno atrasó “sistemáticamente” el envío de recursos a las entidades públicas Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.
En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), explicó el TCU, que calcula en más de 40.000 millones de reales (unos 12.919 millones de dólares) la cifra “ sacada ” por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicas.
Según Barbosa, “no fueron operaciones de crédito”, ya que, en su opinión, un contrato que genera “intereses” no es necesariamente un “préstamo”.
El titular de Planificación confió en que su interpretación “sigue lo que manda la Ley de Responsabilidad Fiscal y lo que se viene practicando en Brasil desde hace años”, y concluyó: “tenemos instituciones fuertes para adaptarse a lo que diga el TCU”.