“Disculpa, Gisele, deberías ser nuestra embajadora y decir que tu país preserva el medio ambiente, que está a la vanguardia de la preservación, en lugar de dar palo sin conocimiento de causa”, afirmó la ministra durante una entrevista con la radio Jovem Pan.
“Ningún país en el mundo” dispone de leyes tan rigurosas como Brasil para la preservación de la naturaleza, añadió la jerarca, al ser interrogada sobre la importancia de la imagen de Brasil en el exterior.
Tereza Cristina, que antes de ser ministra lideraba la bancada que defiende los intereses del agronegocio en el Congreso, la increpó de ese modo antes de afirmar que realmente invitaría a la modelo -a quien dijo “adorar"- a asumir el rol de “embajadora” del país.
“En la Jovem Pan indiqué que Gisele Bündchen podía ser embajadora de Brasil para mostrar que producimos alimentos para el mundo preservando la naturaleza. Dentro de poco, la modelo va a recibir nuestra invitación”, tuiteó la ministra. Bündchen, de 38 años, no se pronunció de inmediato en Twitter, donde suele publicar mensajes a favor de la causa ambientalista.
La top model, que vive en Nueva York y está casada con el astro de fútbol americano Tom Brady, se retiró de las pasarelas en 2015. Un año después, fue nombrada embajadora de la buena voluntad de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de la vida salvaje.
En 2017 contribuyó con su activismo a revertir una serie de medidas tomadas por el gobierno de Michel Temer, predecesor de Jair Bolsonaro, que autorizaban la explotación minera en regiones de la Amazonía.
Recientemente criticó un proyecto de ley que busca flexibilizar el registro de los agrotóxicos en Brasil. La llegada de Bolsonaro al poder el 1 de enero despierta preocupación entre muchos defensores del ambiente.
El mismo día de su investidura, Bolsonaro firmó una ordenanza que transfiere al ministerio de Agricultura la responsabilidad de delimitar las tierras indígenas, áreas preservadas ricas en recursos naturales. Esta potestad se encontraba antes en manos de otra rama del Ejecutivo.
Según sus detractores, la medida tiene por objetivo entregar las riquezas naturales de las tierras indígenas al sector productivo del país.