La huelga quedó suspendida después de que sus dirigentes informaron a la población del distrito de La Oroya sobre los acuerdos firmados ayer con la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, en Lima.
El alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, declaró a RPP Noticias que la población decidió suspender la huelga por ocho días y confió en que “la ministra de Energía y Minas, y el presidente (Ollanta Humala), nos garantice el compromiso de llegar a un buen acuerdo”.
En la cita realizada ayer en Lima, los dirigentes de los trabajadores y los representantes del ministerio acordaron la instalación, hoy, de un comité técnico de alto nivel para evaluar una salida para la empresa, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, tras el fracaso de la licitación de sus activos.
Doe Run, empresa del magnate norteamericano Ira Rennert, paralizó sus operaciones en 2009 aduciendo no tener suficientes recursos, mientras era acusada por las autoridades peruanas de incumplir con sus compromisos ambientales. El martes una persona murió y otras 63 resultaron heridas durante los enfrentamientos que se dieron entre manifestantes y la policía, que intentó desbloquear la carretera Central.
Los pobladores comenzaron la paralización ante el fracaso de la licitación de los activos de Doe Run y exigen a las autoridades que emitan un decreto de urgencia que asegure la protección laboral de los trabajadores mineros y que se declare a su ciudad en situación de emergencia.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, declaró ayer que su Gobierno está buscando “buscando soluciones que sean compatibles con el propio trabajo de los trabajadores que tienen años y que muchas veces, por generaciones, se han ido relevando en la refinería”. Humala agregó que “el Gobierno no va a permitir que se vulnere el derecho constitucional al libre tránsito, pero más allá de todos estos temas, están en discusión los estándares de calidad ambiental”, que deben cumplirse en esta actividad.
Arredondo informó ayer, tras participar en la cita con la ministra Ortiz, que han recibido el compromiso del Estado sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y que, todas las partes, han expresado su voluntad de agotar las vías legales para no llegar a la liquidación del complejo metalúrgico.
Por su parte, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó ayer que había sido identificado un agente de la Policía que ayer portaba un arma de fuego durante el control de la manifestación, a pesar de que no estaba autorizado, y que será investigado por la Fiscalía y la Inspectoría policial. “Si hubo excesos, que lamentamos, criticamos y censuramos en algún efectivo policial, esto no tiene que mellar la actuación de la Policía para desbloquear la Carretera Central”, afirmó.
En forma paralela a la presencia de la Policía Nacional en La Oroya, el Gobierno de Perú autorizó el miércoles la intervención de las fuerzas armadas durante un mes en la provincia de Yauli, que tiene a La Oroya como capital, con el objetivo de “asegurar el control y mantenimiento del orden interno”.