Un lado del Parlamento se halla inundado de una marea de los característicos pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que son ya un emblema del feminismo local y que, por ende, cuelgan del escenario y los múltiples puestos de asociaciones, formaciones políticas y sindicatos colocados en la zona.
La avenida contraria la ocupan los pañuelos azules del denominado movimiento “pro vida”, que cuenta con otro escenario y una carpa ante la que aguardan entre cánticos y pancartas, banderas y dibujos con el lema “Salvemos las dos vidas”.
Todos ellos están atentos a lo que ocurre en la Cámara Baja, donde, desde las 11:00 hora local (14:00 GMT), los diputados debaten el proyecto que en marzo pasado presentó, por séptima vez, la Campaña y que establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
“Hace muchos años que venimos luchando por este derecho. Hoy es una jornada histórica, gloriosa, porque creemos que fue el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, el que arrancó de los cajones el proyecto de ley que tantos años presentamos”, señala en una entrevista con Efe María Julia Constant, integrante de la Campaña.
Con su inseparable pañuelo verde al cuello y visiblemente emocionada, defiende que, pase lo que pase en una sesión que, previsiblemente, se extenderá hasta la madrugada del jueves, “hoy, ya ganamos”.
“Es un proceso muy importante que no es solo el aborto legal, es el luchar por nuestros derechos, por nuestra autonomía”, agrega. Esa marcada división de los alrededores del Congreso es trasladable a la misma sesión, donde se espera una votación muy ajustada, ya que alrededor de un centenar de diputados se manifestó a favor, otro centenar, en contra, y una docena permanece sin definir su posición. Para Constant, es fundamental que la iniciativa reciba media sanción en Diputados y pase al Senado para su aprobación definitiva porque el aborto “es la primera causa de muerte de mujeres gestantes”, según datos del Ministerio de Salud de 2016.
“Es un tema de justicia social también: en Argentina se hacen 500.000 abortos clandestinos por año y las que mueren son mujeres pobres que no pueden acceder al negocio millonario de lo que significa el aborto clandestino”, señala antes de destacar que, en definitiva, “es un tema de salud pública, de derechos humanos y de equidad social”.
Asimismo, denuncia que el movimiento “provida” se haya “adjudicado” el concepto de vida: “Nosotras somos militantes y luchadoras por la vida, por la vida de las mujeres”.
Al otro lado del Parlamento, Karina González, integrante de “Marcha Por La Vida”, luce su pañuelo azul en la muñeca. En su caso, insta a sacar adelante otro proyecto que, en lugar de legalizar el aborto, ponga en marcha políticas públicas dirigidas a reducir la mortalidad materna y articule una ley de educación sexual transversal.
“Sabemos que son dos vidas independientes: no es solamente el derecho de la mamá. Sabemos que cuando nos quedamos embarazadas, hay otra 'personita'. Él tiene el derecho a nacer como lo tuve yo” , defiende.
Según Unicef, en Argentina, nacen anualmente casi 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años y, según Amnistía Internacional, el aborto es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias. Sin embargo, para González, hay más mortalidad por enfermedades “que contraes por tener relaciones”, como el sífilis o el sida, que por ese motivo.
Además, asegura que este, sea legal o no, “no es seguro”: “en todo este tiempo muchos médicos y profesionales han hablado que es tan traumático el aborto y podés morir”. En cuanto a los casos de niñas y adolescentes que quedan embarazadas después de sufrir una violación en el ámbito familiar, asegura que permitir el aborto les sumaría “más problemas”.
“La chica va a tener otro problema más: me violó mi papá, me quedé embarazada, y encima sacan algo de mí: maté a alguien. Es un trauma que le vas a crear a una criatura de diez años”, defiende. El Código Penal vigente en el país suramericano desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que “no es punible” cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación.