El compromiso lo expresó hoy el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro Encinas, durante una audiencia sobre personas desaparecidas en la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas) en el marco del 170 periodo de sesiones de la CIDH. “Este –aseguró Encinas– será un Gobierno de puertas abiertas. No va a estar negando la existencia de que esto ocurre, simulando que se está resolviendo, sino que asumirá un compromiso como Estado mexicano para enfrentar de raíz este problema con atención a todas y cada una de las víctimas”.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Encinas reconoció que la cooperación internacional tiene especial importancia debido a la “debilidad” del Estado mexicano, donde hay 30.000 personas desaparecidas, según datos de este año de la Secretaria mexicana de Gobernación. “Se trata no solamente de que haya escrutinio, sino que haya cooperación”, afirmó Encinas.
La creación de esa Comisión de Seguimiento está en ciernes, ya que el nuevo Ejecutivo todavía está negociando con la CIDH cuáles serán los “términos” de ese organismo, detalló Encinas. Al proponer la creación de esa Comisión de Seguimiento, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que tomó posesión el 1 de diciembre, quería enviar a la CIDH un mensaje de “apertura”. “Va en serio, lo de la apertura más aún cuando lamentablemente tuvimos baches muy profundos en Gobiernos anteriores que tensaban la relación organismos multilaterales, tanto con la CIDH como con Naciones Unidas”, resaltó Encinas.
En los últimos años en México los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, incluyendo a aquellas víctimas de desaparición forzada, han ido en aumento. Bajo el mandato del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), el caso más mediático fue la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.
El Ejecutivo de Peña Nieto tuvo algunos encontronazos con la CIDH debido a la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa y echó abajo la versión oficial. De acuerdo con la “verdad histórica” defendida por el Gobierno de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula, estado de Guerrero.
Pero el GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 hubieran sido quemados en el vertedero la misma noche en que desaparecieron y, además, sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados. Nade más llegar al poder, el 3 de diciembre, López Obrador ordenó en su primer decreto presidencial la creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de Ayotzinapa. El comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas alabó hoy esa decisión al considerar que muestra una “vocación absolutamente indeclinable” en la búsqueda de los 43 estudiantes. “Para nosotros sí que hay, sin ninguna duda, un cambio sideral en la concepción de lo que veníamos trabajando y (lo que) ahora hallamos de respaldo en el nuevo Gobierno”, subrayó Vargas, en declaraciones a un reducido grupo de periodistas, entre ellos Efe.
En una muestra de esa buena sintonía, la CIDH y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron hoy un acuerdo de cooperación en materia de asesoría con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, instaurada en 2014 con el objetivo de atender a víctimas de la violencia. El acuerdo sirve para incrementar la cooperación de las autoridades mexicanas con la OEA y la CIDH mediante el intercambio de información y la formación de profesionales dedicados a la atención de víctimas.