Con una docena de comunicadores asesinados en los últimos cinco años, Reporteros Sin Fronteras coloca a Veracruz (7,6 millones de habitantes) como uno de los tres lugares más riesgosos del mundo para los periodistas, después de Irak y Siria.
El temor que acompaña de forma permanente a los reporteros de este estado petrolero, en las orillas del Golfo de México, se acrecentó aún más con el brutal asesinato el 31 de julio del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien se había refugiado en Ciudad de México huyendo de amenazas en Veracruz.
“Uno a veces se pregunta: ¿a poco nos van a asesinar a todos? Lamentablemente, pareciera que esa es la idea”, se responde a sí mismo Sánchez entrevistado por la AFP.
Parece “un exterminio de todo el que publique, ponga en evidencia malas administraciones”, dice este periodista de 29 años mientras acaricia el nuevo número de La Unión, la publicación que su padre fundó para denunciar el abandono de su pueblo, Medellín de Bravo, y que autofinanció trabajando de taxista.
Su padre, Moisés Sánchez, fue secuestrado en enero por un comando en su casa y días después su cadáver fue encontrado degollado, un crimen del que se acusó al alcalde del pueblo, quien huyó.
La casa de Moisés, de dos pisos y sin ventanas en el segundo, es ahora un búnker. Su hijo es uno de los pocos periodistas de Veracruz que ha aceptado medidas de protección del gobierno.
Jorge vive con su familia vigilado por una docena de cámaras de seguridad colocadas en su casa, conectadas a centros de control del ministerio federal de Gobernación (Interior) y autoridades estatales.
Alrededor hay muros reforzados con mallas de púas, alumbrados por potentes lámparas que contrastan con el paisaje de su humilde calle.
Frente a su casa aguarda las 24 horas una patrulla de la policía estatal, la misma corporación que “irónicamente”, según dice, “no reaccionó” a tiempo ante el secuestro de su padre.
Jorge afirma que “vivir con miedo no es una opción” , una frase que su padre le repetía y saldrá impresa en el número que relanzará a La Unión, financiada ahora por la organización internacional Artículo 19.
El periodista pospuso la circulación de esa edición al enterarse del homicidio de Espinosa. Quiere añadir una página dedicada a su amigo, quien donó fotografías para el resurgimiento de la publicación.
Espinosa, asesinado junto a una activista que trabajó en Veracruz y otras tres mujeres en un apartamento, estuvo entre las personas que irrumpieron en una sesión del Congreso de Veracruz, gobernado históricamente por el PRI, para exigir la liberación de Moisés cuando todavía estaba secuestrado.
El fotorreportero también se dedicó a buscar justicia por el homicidio de Regina Martínez, la corresponsal de la revista de investigación nacional Proceso que fue estrangulada en su propia casa.
Ante el impacto nacional por el crimen de Espinosa, el propio gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tuvo que prestar declaración en la investigación y negó cualquier implicación.
Periodistas y activistas veracruzanos lo señalan como autor intelectual de asesinatos de comunicadores críticos con su gestión, aunque ello no ha sido probado.
Las autoridades no han dado a conocer el móvil del multihomicidio ocurrido en la capital pero el miedo se ha exacerbado entre el gremio periodístico de Veracruz, donde operan grupos criminales como el sanguinario cártel Los Zetas.
El asesinato de Espinosa es como una “pesadilla, de esas que quieres que te despierten, que te digan que no ha pasado nada”, dice a la AFP uno de sus amigos más cercanos, Noé Zavaleta, actual corresponsal de Proceso, para la que también colaboraba el fotoperiodista asesinado.
Su muerte genera “un sentimiento de mucha rabia, coraje, y también miedo, sí”, comenta Zavaleta con los ojos rojizos que anteceden al llanto.
El reportero enfatiza que “ni un solo día” desde este crimen los periodistas críticos de Veracruz han dejado de bombardear redes sociales con denuncias sobre la “impunidad y la corrupción” que, aseguran, les arrebató a su entrañable colega.
Noé cuenta que muchos periodistas se envían entre ellos mensajes privados en redes sociales sobre sus actividades casi minuto a minuto, a manera de protocolos de autoseguridad.
Para Jorge Morales, miembro de la Comisión de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, el gobernador es “indirectamente” responsable de los crímenes por no ser capaz de evitar la violencia contra la prensa.
“Mientras no haya ninguna variación en la situación de seguridad y en la situación de justicia, o grave impunidad, los asesinatos van a seguir”, avanza.
Duarte ha insinuado que algunos periodistas están vinculados con el crimen organizado. La madrugada del jueves un periodista murió cuando un comando armado entró a acribillar en un bar de esa región. El reportero, según el gobierno de Veracruz, estaba departiendo con el jefe local de Los Zetas.