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No hacerlo enojar ni ceder ante él e intentar convencerlo de participar en un ambicioso plan de desarrollo e inversión que busca contener la migración mediante la creación de empleos en Centroamérica.
Y si Trump no queda convencido, recordarle que hay otro poderoso actor en la región que ha demostrado estar dispuesto a llenar el vacío que deje Estados Unidos y a convertirse en una presencia poderosa en su patio trasero: China.
En pocas palabras, ese es el plan del gobierno mexicano para distender el conflicto en torno a los miles de migrantes apiñados en su frontera con Estados Unidos en espera de poder cruzar.
El enfoque del gobierno mexicano fue dado a conocer oficialmente la semana del 9 de diciembre, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó lo que él calificó como un “Plan Marshall” con el fin de abordar las causas de origen de la migración centroamericana. Se trata de una iniciativa de 30.000 millones de dólares para rehabilitar la región y para recibir a los migrantes en México con visas, atención médica y empleos.
La propuesta, que los funcionarios mexicanos han comparado con aquel plan de reconstrucción de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, rompe con la estrategia del predecesor de López Obrador, quien consideró permitir que las personas que buscaban asilo en Estados Unidos se quedaran en México, tal como exigía Trump.
El nuevo plan de México es, en muchos aspectos, todo lo contrario a la promesa de Trump de acabar con la migración, la cual incluye construir un muro, desplegar al ejército y recortar la ayuda para Centroamérica.
Los funcionarios mexicanos afirman que no tratarán de enfrentarse a Trump pidiéndole que abra las puertas de su país a los migrantes; eso solo haría enojar al presidente estadounidense y ellos opinan que, de todos modos, no lo haría.
Sin embargo, tampoco prevén establecer un acuerdo con Estados Unidos para mantener a los solicitantes de asilo en suelo mexicano. Eso permitiría que Trump se atribuyera una victoria que los funcionarios mexicanos no están dispuestos a otorgarle.
En cambio, lo que quieren es dirigir la conversación hacia el desarrollo de la economía de América Central y la creación de empleos en la zona para que la gente no tenga que desplazarse al norte.
Y ¿cómo espera el nuevo gobierno de López Obrador convencer a Trump de interesarse en invertir en Centroamérica?
China es la respuesta, o al menos la amenaza que se percibe en Estados Unidos sobre la creciente participación de Pekín en la región.
A pesar de que no hay certeza de que apoyar un plan para frenar el éxodo de habitantes centroamericanos sea parte de los intereses de China, en años recientes ese país ya ha aumentado su presencia en América Latina: ha financiado proyectos de infraestructura, ha afianzado sus conexiones con los gobiernos e incluso ha convencido a unas cuantas naciones centroamericanas de cambiar su reconocimiento diplomático de Taiwán a China, un punto de fricción con los estadounidenses.
Al plantear en privado la posibilidad de que China contribuya al nuevo plan de desarrollo en la región, México intenta usar la realidad cambiante de esta zona a su favor, ya que no puede dar por hecho que Estados Unidos quiera cooperar.
“Durante mucho tiempo ha habido una competencia por influir en Latinoamérica, donde China está dispuesta a invertir miles de millones de dólares en infraestructura y energía que Estados Unidos simplemente no va a invertir”, dijo Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson.
No obstante, esta estrategia también es un reflejo de las distintas personalidades de López Obrador y Trump: ambos tienen estilos poco ortodoxos —aunque de lados opuestos del espectro político— y ambos están dispuestos a romper con convenciones arraigadas.
“Hay una oportunidad ahí, en parte debido a Trump y en parte debido a Andrés Manuel”, opinó Wood.
A diferencia de su antecesor, López Obrador está dispuesto a trazar una ruta independiente en su respuesta al gobierno de Trump: en cierta medida por necesidad y en cierto grado por la convicción de que la única manera de combatir el problema de la migración es al atender sus causas fundamentales.
Para ello, México buscará la ayuda de quien sea que se la ofrezca, incluso de China, la cual ya ha expresado interés en el plan de López Obrador para extender una vía de cientos de kilómetros para el llamado Tren Maya, un tren de mercancías y turistas en la península de Yucatán al que defensores del medioambiente se oponen rotundamente.
Claro que esto no significa que México vaya a dar un giro hacia la colaboración generalizada con China, dada su antigua relación con Estados Unidos. Y la sugerencia de que Pekín tal vez participe en la costosa propuesta mexicana no la vuelve más viable.
“Simplemente no hay dinero”, comentó Mark Feierstein, quien dirigió la oficina de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense durante el gobierno de Barack Obama. Feierstein hizo notar que actualmente Estados Unidos ya dedica más de 650 millones de dólares al año en la región del Triángulo Norte, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pero eso quizá no es tan relevante.
“En todo caso, es un buen elemento para negociar”, señaló Doris Meissner, investigadora sénior del Instituto de Política Migratoria en Washington. “Ambas partes están presentando sus estrategias políticas y sus puntos de vista sobre cómo consideran que deben proceder”.
La idea de que China podría aumentar su influencia en México surgió incluso antes de que López Obrador entrara en funciones, el 1 de diciembre.
“Durante la transición, escuché de algunos altos funcionarios mexicanos que si Estados Unidos no trataba a México con respeto, después no sería una sorpresa ver un submarino chino en un puerto mexicano”, dijo Juan González, asesor para temas de Centroamérica del exvicepresidente estadounidense Joseph Biden.
“Creo que fue una exageración”, mencionó, aunque añadió: “Pienso que México percibe un mayor riesgo derivado del proceso político de Estados Unidos y está diversificando sus intereses”.
Desde que asumió la presidencia, López Obrador ha dado varias sacudidas a la clase dirigente.
Anunció la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto, un proyecto multimillonario que ya estaba avanzado, y suspendió de manera temporal las nuevas licitaciones para la exploración petrolera en México. También redujo los salarios de los funcionarios de gobierno y propuso una ley para desmantelar una reforma educativa.
En sus primeras semanas en el cargo, al igual que hizo durante la campaña, López Obrador se ha enfocado en asuntos nacionales: una visión doméstica que difiere de las de varios de los últimos presidentes del país, quienes veían en el escenario global el futuro de la nación.
No obstante, la crisis migratoria se volvió una prioridad a la fuerza, y resultó ser una frustrante prueba inicial para López Obrador.
La llegada de miles de migrantes que viajaron en caravanas desde Honduras y otros países centroamericanos han hecho relucir un problema ya existente, lo que ha aumentado el nivel de riesgo y ha obligado a López Obrador a decidir cómo manejar la situación a tan solo unos días de haber tomado posesión del cargo.
Durante décadas, México se mantuvo en silencio mientras cientos de miles de migrantes —muchos de ellos mexicanos— cruzaban la frontera hacia Estados Unidos. Sin embargo, en años recientes, la condición de la nación como un país de paso ha cambiado.
México se está convirtiendo en un destino y no solo un camino hacia Estados Unidos. Cada año son más las personas que solicitan asilo en México, y muchas más optan por quedarse y buscar trabajo ahí. Un cuello de botella en los procesos en Estados Unidos ha significado que miles de migrantes se queden varados durante meses en la frontera en espera de su entrevista inicial de solicitud de asilo.
En 2014, a petición del gobierno de Obama, el entonces gobierno mexicano adoptó una estricta estrategia de vigilancia a lo largo de su frontera sur con Guatemala, que consistía en gran medida en la detención y deportación de personas. No obstante, no logró frenar el flujo de migrantes.
En la actualidad, con la llegada a México de caravanas que han traído a unos 10.000 migrantes y han puesto los reflectores globales en su situación crítica, las redadas y deportaciones masivas no son una opción, a decir de algunos funcionarios mexicanos. Pero tampoco lo es cerrar un acuerdo con el gobierno de Trump para acoger a los migrantes por tiempo indefinido.
Así que el gobierno de López Obrador está tratando de integrarlos a la sociedad mexicana y de recaudar dinero para invertir en proyectos que puedan crear empleos y prosperidad en la región.
“No basta solo con señalar que hay que atender las causas de la migración”, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, y agregó que en este país quiere competir “con la narrativa de que la mejor forma de hacer frente a la migración es excluyendo y controlando”.
De cierta forma, esto es una aceptación de que México forma parte de un concurrido pasillo migratorio y de que, con o sin la ayuda de Estados Unidos, debe ocuparse del asunto.
“Al fin el problema del Triángulo Norte y la migración se percibe como un tema regional”, dijo Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, campus San Diego, y ex asesor presidencial para temas de política exterior del presidente mexicano Felipe Calderón. “Hay una ventana de oportunidad: nunca habían estado tan claros el conocimiento y la conciencia sobre esto como lo están ahora”.
López Obrador también ha mostrado interés en desempeñar un papel de liderazgo más amplio en la región, tal como lo hizo México en los años setenta y ochenta.
“México quiere recuperar el liderazgo en la región”, dijo Rodolfo Cruz Piñero, director del Departamento de Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. “México le está diciendo a Estados Unidos: ‘Puedo controlar esta región, pero necesito que me ayudes económicamente’”.
“¿Qué va a pedir Estados Unidos? Esa es la gran incógnita”, agregó.