“El gobierno ha respondido con apertura, absoluta transparencia y una contundencia que no se hubiera visto hace algunos años apenas”, afirmó Gómez Robledo, encargado en la cancillería de la cartera de Derechos Humanos. Ante las críticas de que el gobierno mexicano respondió de forma tardía a la crisis, el alto funcionario mexicano dijo que esta cuestión formará parte de la investigación liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El subsecretario de Relaciones Exteriores destacó que el gobierno tiene previsto firmar este miércoles en la capital mexicana el acuerdo de colaboración con la CIDH, que enviará expertos independientes. En el marco de la investigación penal mexicana, la Comisión “va a poder promover denuncias penales o impugnar decisiones” que hubiera tomado el gobierno durante la investigación, destacó. “Es un acuerdo importante cuyo propósito es transparentar y garantizar la credibilidad de las investigaciones que ha llevado a cabo el Estado”, añadió.
La desaparición, el 26 de septiembre, de los 43 estudiantes, probablemente ejecutados por narcotraficantes, en Iguala (Guerrero, sur), provocó una gran conmoción en todo el país y una ola de protestas ciudadanas, algunas de las cuales degeneraron en violencia, para exigir que se aclare el caso.
En medio de este ambiente de tensión, Gómez Robledo defendió en una entrevista con la AFP en la embajada de México en París la decisión de mantener la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Asia a pesar de las protestas. “No fue una decisión que se tomó de manera ligera”, dijo Gómez Robledo y agregó que “un país que desempeña el papel que tiene México en la escena global difícilmente puede ausentarse de citas internacionales tan importantes”.
La fiscalía mexicana anunció la semana pasada que los jóvenes podrían haber sido asesinados y mostró el testimonio de varios sicarios que afirman haber incinerado sus cuerpos durante 14 horas en un basurero de la localidad de Cocula, cerca de Iguala. Algunos de los restos encontrados en el lugar han sido enviados a un instituto forense de Innsbruck (Austria), pero los resultados podrían tardar todavía “varias semanas”. A pesar de que muchas familias de desaparecidos no creen en la versión oficial, Gómez Robledo pidió “esperar el resultado de las pruebas forenses”.
También restó importancia a las protestas ciudadanas y dijo que hay que entenderlas “en el contexto de una sociedad civil infinitamente más madura y consciente de la importancia que reviste la protección de los derechos humanos”.
Otro caso reciente, el de los asesinatos en Tlatlaya (centro) -en el que tres militares están acusados de asesinar a sangre fría a al menos ocho presuntos delincuentes- apunta también a la presunta entre policía, ejército y narcotraficantes que denuncian las asociaciones de derechos humanos. “Podemos asegurar que se hará justicia en ese caso” , dijo Gómez Robledo, y aseguró que el mexicano “es un ejército de 250.000 hombres por lo que no puede juzgarse a la institución por los hechos de un número de elementos, aunque haya elementos de cierto nivel jerárquico”.
Más de 80.000 personas han sido asesinadas en México y otras 22.000 han desaparecido desde 2006 cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los cárteles del narcotráfico. La gran mayoría de esos crímenes están impunes. A pesar de ello, el responsable mexicano defendió la gestión del gobierno de Peña Nieto y aseguró que, en el último año y medio, la media nacional de homicidios ha bajado de 22,5 a 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, aunque reconoció las disparidades entre los estados.