De acuerdo con su informe mensual, en los primeros 11 meses del año se produjeron un total de 37.527 homicidios. De estos, 23.101 se computaron como asesinatos, en tanto que 14.426 fueron culposos. Solo en noviembre tuvieron lugar 2.212 homicidios dolosos y 1.341 homicidio culposos, sumando 3.553 muertes.
Con los datos acumulados y sin contabilizar todavía diciembre de este 2017, este 2017 es ya el año más mortífero desde 2011, que se consideraba el año con más asesinatos registrados –22.409– de las últimas dos décadas. Noviembre ha sido el tercer mes del año más violento después de octubre, donde se abrieron 2.380 carpetas de investigación por homicidio doloso, y de junio, con 2.238.
Los estados más violentos fueron Guerrero, con 190; Baja California, con 178; el Estado de México, con 172; Veracruz, con 138, y Chihuahua, con 137. En México se produjo un repunte de la violencia hace 11 años a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), que hasta la fecha ha dejado al menos 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado y más de 30.000 desaparecidos.
Si bien el número de asesinatos cayó en la primera parte del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los últimos años el país padece una nueva ola de violencia. Desde el Ejecutivo, muy a menudo han defendido su combate a la violencia alegando que si bien ha aumentado el número de fallecidos, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes había disminuido, pues la población total del país creció.
Con base en este parámetro, 2011 es todavía el año más sangriento con 19,37 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, y 2017 se colocó en 18,70 casos por cada 100.000 mexicanos, de manera preliminar.
Muy lejos quedan los datos del mejor año de la serie, que abarca desde 1997 a la fecha y corresponde a 2007, cuando la tasa de homicidios dolosos fue de 9,34 sucesos por cada 100.000 habitantes.
La incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, que son las instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos.