Este viernes venció el plazo de un mes que dio el juez Dana Sabraw, de San Diego, para entregar estos menores a sus familias. El Departamento de Justicia (DOJ) indicó el jueves que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” fueran entregados a sus familiares.
El balance corresponde a 2.551 niños de entre 5 y 17 años, de los cuales 1.820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.
De los 1.820, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad. El gobierno insiste en que cumplieron el plazo, pues 711 fueron considerados “no elegibles” porque los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron deportados. De hecho, según el DOJ, 431 padres fueron removidos del país sin sus niños, algunos de ellos de forma voluntaria, lo que complica la reunificación.
Con estas cifras, Sabraw “podría determinar que el gobierno está en desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación”, explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes migratorias de la universidad de Cornell. O “podría creerle lo que dice (sobre) que está trabajando rápidamente y de buena fe para darle más tiempo”.
La audiencia está prevista para las 13h30 locales (21h30 GMT) .
Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de “cero tolerancia” de Donald Trump, cuando los migrantes, la mayoría huyendo de la violencia de América Central, entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo. Eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños con los que venían eran enviados a albergues en todo el país.
Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, que presionó al presidente a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento proceso de reunificación.
Si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, probablemente pida a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) , que representa a la parte acusadora, que recomiende sobre alguna sanción. Así ocurrió el 10 de julio cuando la administración incumplió el plazo para reunir a los menores de 5 años con sus familias: 45 de ellos fueron considerados “inelegibles”.
“Queremos proponer soluciones que ayuden a mover el proceso más rápidamente de lo que se está moviendo hasta ahora” , dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU en una conferencia telefónica con periodistas. Entre las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días desde la reunificación para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.
Para los aogados del gobierno este plazo de siete días es injustificado, pues afirman que han tenido tiempo suficiente para considerar sus opciones mientras han estado detenidos.
En un comunicado emitido posteriormente, Gelernt afirmó que el gobierno está manipulando cifras para ofrecer una falsa impresión. “La administración Trump está tirándolos debajo de la alfombra al elegir unilateralmente quién es elegible para la reunificación”, dijo. “Seguiremos responsabilizando al gobierno y reuniremos a esas familias”.
Si el juez decide que el gobierno está en desacato, podría pedirle a la ACLU que recomiende sanciones. La Asociación de abogados migratorios de Estados Unidos (AILA) exhortó por su parte al gobierno a que disponga lo necesario “para el regreso de los más de 400 padres deportados sin sus niños”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una entrevista con Fox News que tenía “la intención de reunir a todas las familias que podamos”.
Pero ubicar a los padres que fueron deportados a México o América Central será una tarea larga y complicada. Gelernt dijo que ya comenzó un trabajo “detectivesco”.
Para el martes –antes de que las últimas cifras fueran dadas a conocer– el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en refugios por todo el país, a 11.500 niños clasificados como Menores Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).