El pacto establece, según un comunicado de la DGCP, que los maestros de la Universidad de las Asambleas de Dios (UCAD) impartirán las clases en las prisiones La Esperanza (centro) , Apanteos (noreste) e Ilopango (centro).
La misiva señala que el ente rector de las cárceles salvadoreñas, con ayuda de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) , se comprometió en proveer el equipo necesario y adecuar los espacios para que los presos sean preparados.
“Esta iniciativa permitirá el desarrollo humano y técnico de la población penitenciaria logrando la rehabilitación y la reinserción social a través de la educación”, señalaron las autoridades de la DGCP sin detallar la fecha de comienzo de los estudios.
Otro punto del pacto es que se “incluirán otras carreras universitarias para que los estudiantes tengan diversidad de opciones”, y que los planes de formación serán avalados previamente por el Ministerio de Educación.
Datos de la DGCP dan cuenta de que en el sistema penitenciario existen 17 escuelas que atienden en diversos niveles a 10.000 presos, instituciones en las que el Gobierno invierte 1,6 millones de dólares al año.
Los centros penales de El Salvador albergan a unos 38.000 reos, cifra superior a la capacidad instalada, por lo que el país llegó a registrar una sobrepoblación de hasta el 400% en años anteriores.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, ha dicho en diferentes ocasiones que al final del actual Gobierno se prevé que la sobrepoblación llegue a un 130%, con lo que será “muy inferior al promedio de la región” centroamericana.
En junio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el hacinamiento en las cárceles y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC), que también albergan a miles de personas.