En medio de un dispositivo de seguridad policial, unas 200 personas se congregaron con pancartas en el parque Tranquility, lugar dedicado a la memoria de la primera caminata lunar en 1969, para iniciar la marcha de una hora, en la que no faltaron arengas de activistas y testimonios de familiares de condenados a muerte.
De acuerdo a Liliana Castrillón, originaria de Colombia y vocera del Movimiento para Abolir la Pena de Muerte en Texas, la de hoy es la acción cívica más importante del año y que genera un mayor interés mediático.
“La idea es también hacerle saber al Estado que hay grupos como nosotros que no estamos de acuerdo con la pena de muerte y no nos vamos a quedar callados”, indicó Castrillón a Efe, quien señaló que los activistas también quieren dar a conocer las condiciones del corredor de la muerte en Livingston, que alberga a los sentenciados con la pena capital.
“Somos pues ese núcleo importante entre los familiares de los condenados que pierden ese contacto con el mundo exterior por la precariedad de un sistema penal que merece una reforma completa pronto”, recalcó.
Uno de los logros más significativos en los últimos meses ha sido, de acuerdo a Castrillón, el cambio de visita en el horario de los familiares en la cárcel de Livingston (a 100 millas al sur de Houston), donde se encuentra recluida la mayoría de la población condenada a muerte.
En el mes de marzo de este año, el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, por su sigla en inglés) aprobó un nuevo plan de visita a las cárceles de máxima seguridad, entre los que figura permitir el ingreso de menores con edades comprendidas entre 16 y 17 años.
Una de las participantes de la marcha de esta tarde fue la mexicana María Victoria Reyes, madre de Juan Balderas, de 27 años, condenado a la pena de capital por la muerte de un joven de origen hispano en un incidente ocurrido en 2005.
“Después de ocho años en la cárcel del condado a mi hijo lo trasladan a la cárcel de máxima seguridad en Livingston sin que haya existido un juicio justo”, indicó Reyes a Efe.
“Lo que me preocupa es que en estos momentos los condenados como él se encuentran en aislamiento total, no tienen contacto con otros presos y sólo salen de su celda una hora al día pero no pueden socializar con otras personas, no tienen contacto con nadie”, sostuvo.
Yancy Escobar, esposa de Balderas, quien tenía 19 años cuando fue arrestado, espera que la Corte de Apelaciones se manifieste respecto al caso de su pareja y le brinde la oportunidad de demostrar su inocencia.
“Existieron muchos vicios legales en el transcurso de la investigación. No tuvo un debido proceso y por eso estamos aquí hoy, para que el mundo sepa que el sistema penal de Texas comete injusticias”, subrayó Escobar.
A la marcha acudió también Clarence Bradley, un empleado de origen afromericano que en 1981 fue condenado por la muerte y violación de una estudiante de 16 años y que en 1990 fue declarado inocente y exonerado de la pena capital.
Según TDJC, desde que en 1976 se instauró la pena de muerte en este estado han sido ejecutadas 517 personas, una cifra superior a Oklahoma, el segundo estado en la lista con solo 111 ejecuciones.
La próxima ejecución en Texas está programada para el 28 de octubre. El condenado es el hispano Miguel Paredes, acusado de asesinar a tres personas en septiembre de 2000, en la localidad de San Antonio.