El gobierno repudió el mitin convocado para las 18:00, hora paraguaya, por considerarlo parte de una maniobra “golpista” y sostuvo que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Kirchner es un intento de involucrar al país en el conflicto de Medio Oriente. “En Argentina hay una justicia corporativa que tiende a la desestabilización política”, reiteró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, este miércoles en conferencia de prensa.
El origen del caso, envuelto en una maraña judicial y política, es la explosión que destruyó hace casi 21 años la mutual judeo-argentina AMIA, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Nisman apareció muerto en el baño de su apartamento el 18 de enero, con un disparo en la cabeza de una pistola calibre 22 prestada por un colaborador. Había una sola vaina servida en el suelo y su cadáver obstruía la puerta.
“Estimamos que habrá 300.000 personas” en la marcha que irá del Congreso a la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, informó la policía metropolitana. La exesposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que la semana pasada pidió no politizar el caso, confirmó el martes que marchará con las dos hijas que tuvo con Nisman, de 15 y 7 años. Horas antes de la marcha la presidenta Cristina Kirchner y su gabinete participarán de un acto por la ampliación de la central nuclear Atucha II, en Zárate, a 115 km al norte de Buenos Aires, informó Capitanich.
En Argentina casi nadie cree en la hipótesis del suicidio. Nisman había acusado a Kirchner cuatro días antes y en la mañana siguiente a su muerte debía justificar la denuncia ante el Congreso.
En 2005, con apoyo del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), Nisman acusó del atentado contra la AMIA a exfuncionarios iraníes, entre ellos al expresidente Ali Rafsanjani. Pero en 2013, Cristina Kirchner firmó un acuerdo con Irán para crear una comisión investigadora integrada por juristas que no fuesen ni argentinos ni iraníes y sentar en el banquillo a los acusados.
El fiscal y la numerosa colectividad judía de Argentina se opusieron con el argumento de que Teherán no es confiable. En su acusación contra Kirchner, avalada el viernes por el fiscal Gerardo Pollicita, Nisman dijo que la mandataria intentaba liberar de culpas a los iraníes a cambio de recibir petróleo, aunque el crudo de Teherán es incompatible con las refinerías argentinas.
También sostuvo que Kirchner pidió levantar los pedidos de captura internacional contra los iraníes, pero Interpol lo desmintió. “No hay ninguna prueba que muestre que la presidenta o el ministro (de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman) o alguien más ofrecía impunidad a los autores del atentado”, dijo el exfiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo.
Aun así, Moreno Ocampo consideró que se debe marchar para “que se reformulen los servicios de inteligencia, que vienen de la dictadura (1976-83) y son inaceptables en una democracia”. La disolución de la Secretaría de Inteligencia será aprobada este miércoles por iniciativa de Kirchner, pero la izquierda denuncia que la nueva agencia empleará a los mismos cuestionados agentes.
Las pruebas de Nisman son escuchas telefónicas realizadas por agentes de inteligencia sin permiso del juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, en las que un dirigente barrial kirchnerista habla de presuntos favores a iraníes con un argentino de la colectividad persa en Buenos Aires.
La opinión pública se divide entre quienes afirman que a Nisman lo mandó matar la presidenta y aquellos que dicen que esa acusación es disparatada y parte de un complot para adelantar las elecciones.
El gobierno sostiene que la denuncia responde a un intento de crear “un teatro de operaciones de inteligencia de hechos que son completamente ajenos a su historia e idiosincracia” , como lo es el conflicto de Medio Oriente y los últimos episodios que involucran al yihadismo.
Kirchner, una peronista de centroizquierda, atraviesa los últimos diez meses en el poder tras dos mandatos consecutivos. La lucha por la sucesión en el liderazgo del peronismo suele ser despiadada. Se suma un enfrentamiento de poderosos sectores del Poder Judicial con el gobierno que impulsó sin éxito una reforma para que los jueces fuesen elegidos por voto popular.