El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez aprobó el paso 24 de agosto un decreto para la exhumación, en el que se fija la fecha del 31 de este mes para comenzar los trámites del proceso a través de un “acuerdo de incoación” que se adoptará mañana.
Tras este acuerdo comienza un plazo de quince días para que la familia Franco comunique el destino que desea para los restos, y si no, será el Gobierno el que decida el lugar para una nueva inhumación, “asegurando una digna sepultura”, según el decreto.
La familia de Franco, que inicialmente rechazó la exhumación, se hará cargo de los restos, aunque no ha confirmado dónde los enterrarán. El decreto del 24 de agosto declaraba “de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales” del dictador desde el Valle de los Caídos, donde fue enterrado tras su muerte en noviembre de 1975.
La exhumación fue una de las promesas de Pedro Sánchez, que recogía una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de Memoria Histórica, contrarias a que un dictador esté enterrado en un monumento que contribuye a exaltar un régimen totalitario.
El procedimiento de exhumación tendrá una caducidad de doce meses a contar desde el acuerdo de incoación de mañana, aunque el Ejecutivo español considera que ese es un plazo máximo y prevé que no se agote.
Una vez se lleve a cabo la exhumación, está pendiente de decidir qué uso se dará al Valle de los Caídos, considerado el principal símbolo del franquismo, donde, además de Franco, está enterrado José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista Falange.
El Valle de los Caídos es una basílica y un conjunto de monumentos construido entre 1940 y 1958, y situado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid.