En la última semana se han registrado tres linchamientos en diferentes regiones de Bolivia, dejando entrever un malestar con la lentitud de la justicia y la ineficacia de las fuerzas de seguridad.
En lo que va del año ya suman seis los casos de justicia por mano propia, que han puesto en alerta a las autoridades.
“Tenemos que dar una respuesta realmente ejemplarizadora”, dijo este jueves en conferencia de prensa el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.
“Que realmente sepan (los ciudadanos) que este tipo de incidentes son constitutivos de delito y que las consecuencias de los delitos son, justamente, penas privativas de libertad”, agregó.
El martes, en San Julián, a 175 km de Santa Cruz (este), fue ahorcado el brasileño Vinicius Chagas Maciel, de 31 años, por un supuesto asalto a mano armada.
En esta localidad no hay policías desde que un grupo de personas destruyó recientemente las modestas instalaciones policiales.
Tuvo que ser la policía de un poblado cercano, Cuatro Cañadas, la que rescatara el cuerpo del brasileño.
“Ojalá sea el último caso (de linchamiento); están actuando como personas primitivas”, dijo entonces el jefe policial de la región, Alfonso Siles.
El día después, a cientos de kilómetros del lugar, en Uncía, un poblado del oeste boliviano, dos jóvenes acusados del robo de un automóvil fueron lapidados y luego quemados hasta morir por un grupo de personas que los arrebató de las manos de la policía.
“Estamos desplazando fiscales para la investigación, la fuerza policial ha sido rebasada por la población, han llevado adelante este sangriento hecho contra dos personas, un menor de edad”, lamentó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Desde 2009, la Constitución boliviana ampara la llamada “justicia originaria campesina”, que reconoce las costumbres de las comunidades indígenas para impartir justicia en casos menores como hurtos o casos de linderos.
Sin embargo, para la mayoría de autoridades y especialistas estos crímenes no se corresponden con la norma.
“Bajo ningún concepto (esa norma) prevé y permite que pueda haber como una sanción -en el marco de la justicia que practican nuestros pueblos- el linchamiento, la muerte de ninguna persona”, sostiene Javier Tapia, decano de Derecho de la universidad estatal San Andrés de La Paz.
“Lo que ha sucedido son asesinatos que merecen una investigación y una sanción categórica para que nunca más a título de justicia originaria o de que no existe la presencia suficiente del Estado se cometan estas atrocidades”, agrega.
La pena de muerte está prohibida por la Constitución que sanciona con un máximo de 30 años de cárcel los delitos más graves. Estos hechos, señala el jurista, obligan a “hacer una profunda reflexión para cambiar lo que significa nuestra justicia”.
Para el arzobispo Jesús Juárez, “con estos casos se detecta una crisis de la justicia y se constata una creciente inseguridad ciudadana”, por lo que insta a “una aceleración de los casos de retardación de justicia”.
Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, “cerca de 67,98% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia” .
Pese a ello, el ministro de Justicia, Héctor Arce, se sumó en Twitter a las voces que repudiaron los linchamientos: “Como Nación no podemos tolerar y permitir que se haga justicia por mano propia violando el más sagrado de los derechos como es el Derecho a la vida”.
“Los casos San Julián y Uncía deben ser rápidamente investigados y los responsables sancionados drásticamente”, pidió.