“Seis criminales que cometieron el delito de planear atentados suicidas, ayudar a los insurgentes o matar a miembros de las fuerzas afganas fueron ahorcados esta mañana tras una orden presidencial”, dijo a Efe un miembro del Gobierno, que quiso guardar el anonimato.
Estos seis ejecutados -cinco de ellos afganos y uno oriundo de Tayikistán- se suman a los ocho ahorcados ayer, que según un comunicado oficial son “criminales que cometieron delitos contra la población, concretamente contra mujeres y niños”.
El Gobierno mantiene que estas medidas pretenden “dar una lección” a los que “molestan a la sociedad”.
Estas 14 ejecuciones en dos días ponen fin, además, a una moratoria virtual de cuatro años en la aplicación de la pena de muerte, pues en este intervalo solo se ejecutó supuestamente a dos personas en junio de 2011 en una prisión de Kabul acusadas de haber matado a decenas durante un robo.
Los talibanes dijeron hoy en un comunicado que los nombres de muchos insurgentes arrestados como “prisioneros de guerra” están incluidos en una lista en la que aparecían los delincuentes que han sido ejecutados por el Gobierno afgano.
“Ejecutar a prisioneros de guerra es una práctica que contradice toda ley internacional, por lo que hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, la Conferencia Islámica o la Cruz Roja Internacional para que lo eviten”, señalaron los insurgentes.
Los talibanes, además, amenazaron con “serias consecuencias” a todos los miembros de la administración pública que aprueben o lleven a cabo las ejecuciones de sus compañeros.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió ayer al Gobierno de Karzai que “paralice de inmediato las ejecuciones y aplique una moratoria”.
“La pena de muerte es un acto de crueldad que nunca debería ser utilizado”, afirmó el director de Asia para HRW, Brad Adams, que aseguró que “usarla en Afganistán, donde el juicio justo es casi inexistente, es todavía más horroroso”.
Sin embargo, la Comisión Independiente Afgana por los Derechos Humanos (AIHRC) respaldó las ejecuciones y subrayó que la pena de muerte es una ayuda efectiva para prevenir futuros crímenes, según recoge el diario local Tolo.
“La aplicación de la pena máxima en una sociedad tiene una función correctiva y conlleva un efecto positivo en la reducción de la delincuencia”, dijo uno de los directores regionales de la AIHRC, Shamsulá Ahmadzai.