Decenas de coches con cristales ahumados se detienen ante un edificio de oficinas, y de ellos descienden hombres trajeados y con gafas de sol. Esta escena captada por los medios nipones se repite en las últimas semanas en las sedes de la Yamaguchi-gumi y de sus múltiples subgrupos en Tokio, Kobe (oeste) o Nagoya (centro).
Dentro de las oficinas, que son objeto de redadas policiales cada vez más frecuentes, se fragua el futuro de la mafia nipona, y está en juego una temida guerra entre bandas.
La Yamaguchi-gumi, fundada en Kobe en 1905 y considerada uno de las organizaciones criminales que más ingresos genera de todo el mundo, sufrió la escisión de 13 de sus grupos filiales a finales de agosto debido a luchas de poder y a la presión creciente de la Policía y de la sociedad niponas.
Esta división “abre una nueva era para la yakuza, en la que están obligados a adaptarse para sobrevivir”, explica a Efe el analista de seguridad y finanzas Hiroki Allen.
Los gángsters nipones “ya no pueden recurrir a sus viejos métodos de violencia o extorsión” y han visto cómo se cortaban muchas de sus fuentes de ingresos, señala este experto que ha colaborado con la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU.
Esto es fruto de las nuevas normativas en vigor desde 2011, que impiden a los yakuza operar cuentas bancarias y penalizan a las empresas que hagan negocios con estas organizaciones.
La ley nipona permite la existencia de los grupos yakuza siempre que no hayan sido etiquetados como “violentos” o “conflictivos”, y para controlarlos les obliga a contar con sede fiscal propia y a registrar a sus afiliados.
Antes, los gángster exhibían tarjetas de visita con el sello de su organización como “símbolo de poder” a la hora de recaudar aportaciones de negocios locales a cambio de “protección”, o para lograr acuerdos empresariales, “pero llevarlas se ha convertido ahora en un estigma”, destaca el experto.
“Hasta hace unos 30 años, la yakuza estaba metida muy profundamente en la sociedad, y ostentaba su poder presentándose a elecciones locales u organizando conciertos y otros eventos de recaudación de fondos”, afirma el profesor de Derecho de la Universidad Sangyo (Kioto), Masahiro Tamura.
El académico añade que la yakuza tiene dificultades para atraer a nuevos miembros, y que en los últimos años se ha reducido los crímenes cometidos por los aprendices jóvenes (o "chimpira") -tratados como “carne de cañón” en estos grupos- y los relacionados con drogas, uno de sus principales negocios ilegales.
La Yamaguchi-gumi contaba en 2014 con unos 23.400 miembros, casi la mitad de los aproximadamente 53.300 yakuza de todo Japón, según datos de la Policía, lo que supone una cifra muy lejana del total de 180.000 que había en el país durante la época dorada de la mafia nipona en la década de 1960.
“Esto no significa que la yakuza sea más débil, pero sí que tendrán que moverse aún más en la clandestinidad, o delegar los trabajos sucios en otros grupos sin conexión directa”, advierte Allen.
Tanto el analista como el académico coinciden en que es “poco probable” que los grupos escindidos de la Yamaguchi-gumi se enfrenten en una sangrienta guerra de bandas como la que estalló en 1984, que causó 25 muertos y unos 70 heridos.
Y es que nuevos conflictos atraerían aún más la atención de las autoridades, algo que va en contra de los intereses de todos los grupos, por lo que es más posible que apuesten por renegociar y repartirse sus áreas de influencia y actividades.
Los sectores más lucrativos para la mafia nipona son los de la construcción, los préstamos con intereses astronómicos, el fraude fiscal, la seguridad privada, el ocio nocturno, la prostitución y las apuestas ilegales sobre béisbol y sumo, según Allen.
“No creo que la yakuza pueda desaparecer rápidamente. Todavía hay demasiados criminales viviendo de ella”, dice por su parte el periodista y escritor estadounidense Robert Whiting, autor de varios libros de éxito sobre el crimen organizado en la capital nipona.
“Veo más factible que estos grupos se vayan disolviendo de forma progresiva”, vaticina Whiting, quien también considera que el actual Gobierno nipón que lidera Shinzo Abe “nunca ha tenido entre sus prioridades el acabar con la yakuza”.