El Gobierno responde así a las informaciones de algunos periódicos españoles que acusan a Sánchez de haber incluido en la tesis parte de artículos de profesores universitarios o informes ministeriales, sin citar, supuestamente, el origen ni la autoría.
También trata de salir al paso de las dudas planteadas por la oposición del PP (centroderecha) y Ciudadanos (liberales), que han pedido la comparecencia parlamentaria de Sánchez.
El gobernante español autorizó ayer que la tesis fuera accesible en internet desde hoy, pues solo podía consultarse hasta ahora impresa en papel en la biblioteca de la Universidad privada Camilo José Cela de Madrid, donde la presentó.
El Ejecutivo ha hecho público los resultados de esa tesis en Turnitin (que se emplea en la Universidad de Oxford) y PlagScan (referencia en Europa), dos de los programas que, asegura, son de los más reconocidos para detectar la posibilidad de plagio de un texto, tanto en el ámbito nacional como internacional.
El Gobierno subraya que los análisis a los que se ha sometido el documento “determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias”.
En el caso del Turnitin, ha obtenido un 13 por ciento. En PlagScan se ha cifrado un 0,96 por ciento, cada uno según su metodología. Existe un amplio consenso en el ámbito académico, según el Ejecutivo español, en considerar que se trata de porcentajes normales de acuerdo con la normativa y los protocolos de verificación.
Por su parte, los medios de comunicación que acusan a Sánchez de haber plagiado se reafirmaron hoy en las informaciones, y le responden que se verán en los tribunales en el caso de que el jefe del Ejecutivo los demande judicialmente si no rectifican, como les advirtió el jueves.
Los medios mantienen las acusaciones y añaden nuevas informaciones para avalar las “graves irregularidades” que, según aseguran, rodean la tesis, titulada “Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)”.
Este caso se produce en la polémica de varios meses sobre supuestas irregularidades en los estudios de posgrado de varios políticos, entre ellos la exministra socialista de Sanidad Carmen Montón, que dimitió el martes pasado, la expresidenta conservadora de la región de Madrid Cristina Cifuentes, que renunció en abril pasado, y el actual líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, pendiente de calificar por el Tribunal Supremo.