El Departamento de Justicia anunció que contratará nuevos jueces y reasignará a otros magistrados a las cortes de migración para procesar los casos en los que estén involucrados inmigrantes que hayan cruzado recientemente la frontera.
En este grupo entrarán los niños que han cruzado la frontera sin compañía de un adulto y familias que están en centros de detención o en alguna de las instalaciones alternativas, que han tenido que ser habilitadas ante la avalancha que ha desbordado a las autoridades.
La iniciativa pretende que los casos sean procesados de forma “rápida” y “justa” para determinar la repatriación o la protección de los solicitantes de asilo, en los casos que corresponda, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
El anuncio de estas medidas se produce un día después de la petición del presidente Barack Obama al Congreso de 3.700 millones de dólares para un fondo de emergencia que permita atender esta situación que el mandatario ha calificado de “crisis humanitaria”.
El Gobierno calcula que más de 57.000 niños han cruzado solos la frontera ilegalmente en los últimos diez meses, principalmente de Centroamérica y México, y más de 39.000 adultos.
“Tenemos la obligación de proveer atención humanitaria para los niños y adultos con niños que están retenidos en nuestras fronteras, pero también tenemos que hacer lo que sea posible para cortar la tendencia de este peligroso patrón migratorio”, dijo el fiscal general adjunto, James Cole.
El Departamento de Justicia reforzará además el trabajo con las autoridades mexicanas para atrapar a los traficantes de personas que ayudan a los menores a cruzar la frontera sur.
“Quienes se embarcan en el peligroso viaje de Centroamérica a Estados Unidos son objeto de violencia, abuso y extorsión, que confían en peligrosas redes de trata para que les transporte a través de Centroamérica y México”, agregó Cole.
Además, a través del fondo autorizado por el presidente, se está buscando financiación para enviar asesores legales a las embajadas de EE.UU. en El Salvador, Guatemala y Honduras, para ayudar a esos países a identificar y desmantelar las redes de tráficos de niños.