BUENOS AIRES. Al confirmar un fallo de primera instancia, la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó, por dos votos contra uno, la decisión que había tomado el juez federal Daniel Rafecas de rechazar la denuncia de Nisman, presentada luego por su sucesor, el fiscal Gerardo Pollicita.
El tribunal “desestima la denuncia que diera origen al presente expediente por inexistencia de delito”, con el voto de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, mientras que Eduardo Farah lo hizo en disidencia, según el fallo de 77 páginas, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Esta sentencia puede ser apelada ante la Cámara de Casación por el fiscal de Cámara Gerardo Moldes, quien anticipó que recurrirá a instancias superiores. La última instancia es la Corte Suprema.
Cuatro días antes de ser hallado muerto el 18 de enero pasado de un disparo en la cabeza en su departamento, Nisman denunció a Kirchner, a su canciller, Héctor Timerman, y a allegados del gobierno.
El fiscal los acusó de confabular para encubrir a ex altos funcionarios iraníes, sospechosos del atentado en 1994 contra la mutual judeo-argentina AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 300 heridos.
El expresidente iraní Ali Rafsanjani es uno de los imputados en la causa por el ataque.
Dos años antes, la voladura de la Embajada de Israel había causado 29 muertos y más de 200 heridos.
El argumento de la Cámara para rechazar la denuncia de Nisman coincide con el del juez Rafecas del 25 de febrero.
La denuncia de Nisman “evidencia una antojadiza concatenación de diversos elementos de juicio que no revisten relevancia alguna, pero que son encadenados de forma tal que simulan demostrar la hipótesis delictiva sostenida”, afirmó en su voto el juez Freiler.
Farah, el único que se inclinó a abrir la causa, consideró en cambio que la denuncia “analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada”.
Según Nisman, el instrumento para llevar a cabo el encubrimiento era el Memorando de Entendimiento con Irán, firmado en 2013 pero que nunca entró en vigencia, por el cual la justicia argentina está autorizada a indagar a los acusados en Teherán.
El memorándum “pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión (...), pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”, advirtió en su voto el juez Ballestero.
La denuncia Nisman-Pollicita acusó a Kirchner de pedir a Interpol que levantase los pedidos de captura contra los iraníes, pero el ex secretario general del organismo policial Ronald Noble lo desmintió.
Nisman había escrito también que Kirchner buscaba conseguir petróleo de Irán a cambio de encubrir a los iraníes, aunque el crudo que exporta Teherán no puede ser refinado en Argentina, según el Instituto Argentino del Petróleo, que reúne a las grandes petroleras.
La acusación del fiscal Nisman, que estuvo desde 2004 a cargo de la causa AMIA, provocó un cimbronazo político en un año electoral en Argentina.
En un país dividido entre los anti y los pro Kirchner, unos dicen que el crimen lo orquestó el Gobierno mientras que partidarios de la Presidenta denuncian un complot para derrocarla.
Su fallecimiento dejó en evidencia además un oscuro entramado entre la justicia federal y poderosos agentes de inteligencia, echados de sus puestos el pasado 17 de diciembre.
La fiscal que investiga esta muerte, Viviana Fein, la calificó de “muerte dudosa” sin descartar suicidio ni homicidio, pero la familia del fiscal sostiene la hipótesis del asesinato.
Nisman fue enarbolado como mártir por un sector de la oposición, la dirigencia judía e Israel, pero tachado de “sinvergüenza” por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
La crítica de Fernández se produjo luego de que se divulgara que Diego Lagomarsino, colaborador de Nisman y único imputado en la causa de su muerte por haberle prestado el arma que lo mató, revelara que debía reintegrarle cada mes la mitad de su salario de 40.000 pesos (4.600 dólares).
La causa por el atentado a la AMIA también está envuelta en una maraña judicial y se espera el inicio de un demorado juicio por encubrimiento contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999), entre otros acusados.