“Muerte, por supuesto, muerte”, dijo al ser preguntado sobre la condena Robert Sullivan, el padre una niña de 6 años que la noche del 20 de julio de 2012 estaba viendo la última película de Batman cuando Holmes irrumpió en el cine con una máscara de gas, guantes negros y cuatro armas, según recoge el diario The Denver Post.
Holmes, que ahora tiene 27 años, llenó el cine de gas lacrimógeno, desató un tornado de disparos que mató a 12 personas e hirió a otras 70 y fue detenido a las afueras del cine por la policía, ante la que se identificó como el Joker (Guasón), uno de los enemigos de Batman en la historia de ficción.
Tres años después de la tragedia, ha llegado la hora de ver si Holmes es condenado a muerte, como pide la Fiscalía, o si ingresa en prisión de forma permanente al recibir la cadena perpetua sin posibilidad de revisión, como pide la defensa, que alega que el acusado sufre una grave enfermedad mental.
Con el comienzo hoy de la deliberación del jurado, se abrió la segunda fase del juicio contra Holmes, que la semana pasada fue considerado culpable de 165 cargos, 24 de ellos por asesinato, después de 11 semanas de juicio, los argumentos de 250 testigos, la muestra de 1.500 fotografías y la proyección de 24 horas de vídeo.
Durante la nueva fase, que podría extenderse durante más de un mes, los fiscales argumentarán que Holmes disparó contra espectadores indefensos y prometen mostrar más testimonios desgarradores de las víctimas de la masacre, como el del padre de la niña de 6 años fallecida.
Frente a ello, para humanizar al acusado, la defensa llamará a declarar a vecinos, familiares, compañeros de la Universidad de Colorado en la que estudió Holmes, así como a miembros de las organizaciones de caridad en las que participaba como voluntario.
Además, según adelantó la defensa en los argumentos iniciales de esta nueva fase del juicio, diferentes doctores y expertos acudirán a testificar al tribunal de Colorado para mostrar que la esquizofrenia paranoide de Holmes es tan grave que moralmente sería erróneo ejecutarlo.
Según datos oficiales, en medio siglo el estado de Colorado solo ha ejecutado a uno de sus presos y, aunque el parlamento estatal intentó eliminar la pena capital en 2009 y 2013, este castigo sigue siendo legal desde 1901, cuando fue restaurado después de su abolición en 1897.
El tiroteo abrió el debate sobre el control y venta de armas en el país e impulsó cambios legislativos en el estado de Colorado, que tras la matanza aprobó una de las legislaciones más restrictivas para supervisar los antecedentes de los compradores y restringir el número de balas de los cargadores.