La justicia estadounidense acusa a Dotcom, fundador del clausurado portal Megaupload, y a sus exsocios Mathias Ortmann, Finn Batato y Bram van der Kolk, de trece delitos vinculados a la piratería informática, crimen organizado y lavado de dinero.
Tras concluir esta fase del juicio, que comenzó a finales de septiembre en un tribunal de Auckland, el juez Nevin Dawson deberá analizar los documentos de miles de páginas y horas de presentaciones.
El juez se limitará a decidir si Dotcom y sus exsocios deben ser extraditados a EEUU, sin considerar si son culpables de los delitos de los que se les acusa.
Dawson dijo hoy que dará una versión abreviada de su decisión en una audiencia pública en una fecha no determinada antes de emitir el texto completo del fallo en este proceso en el que no se descarta una posible apelación, según la agencia neozelandesa NZME.
Dotcom, por su parte, aseguró que sus abogados demostraron “lo nada fiable y ético, y totalmente malicioso que es el caso de EEUU contra mí”, tras la última vista del proceso, a la que evitó acudir tras alegar dolores de espalda por un caída.
Al concluir las vistas, seis semanas después de lo previsto, el informático alemán lanzó un sondeo en su cuenta de Twitter en el que invita a sus seguidores a responder si “¿Creen que voy a tener un juicio justo en Estados Unidos?”.
El proceso de extradición se había postergado diez veces desde que Dotcom y sus socios fueran detenidos en enero de 2012 en Nueva Zelanda en un operativo internacional orquestado por el FBI que supuso el cierre de Megaupload, la congelación de sus cuentas y la incautación de sus bienes.
Las autoridades estadounidenses creen que este portal de descargas, que llegó a tener 50 millones de usuarios, logró un beneficio de unos 175 millones de dólares (159 millones de euros) por supuestamente alojar material ilegal.
Hasta ahora, de los siete miembros de Megaupload imputados en EEUU solo ha sido condenado el programador estonio Andrus Nomm, al que le fue impuesta una condena de poco más de un año de cárcel en ese país tras admitir su participación en la violación de los derechos de autor.