El asunto se refiere a sospechas de evasión fiscal en torno a Flávio Bolsonaro, ex diputado regional de Río de Janeiro que ocupa ahora un escaño en el Senado, y un exempleado suyo, pero el caso había sido suspendido a fines del año pasado hasta que el juez Marco Aurelio Mello se pronunciase sobre su continuidad.
Mello concluyó este viernes un receso de un mes del Poder Judicial, y ordenó que la investigación continúe en la Justicia de Río de Janeiro, pese a que el ahora senador Bolsonaro había pedido que fuera transferida a la órbita del Supremo por su nueva condición de parlamentario federal.
La investigación comenzó a raíz de sospechas sobre movimientos bancarios irregulares de Fabricio Queiroz, un exasesor de Flávio Bolsonaro, detectados por el Consejo de Control de Actividades Fiscales (Coaf), órgano ligado al Gobierno brasileño.
De acuerdo con el Coaf, por la cuenta bancaria de Queiroz pasaron en el periodo de un año 1,2 millones de reales (hoy unos 320.000 dólares), una cifra que contrasta con sus ingresos mensuales, que en la época eran de poco más de 20.000 reales (unos 5.500 dólares) por mes.
El organismo fiscal también detectó que Queiroz depositó 24.000 reales (6.400 dólares) en una cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del jefe de Estado brasileño y quien no declaró ese dinero a las autoridades competentes.
El mandatario no es investigado en el caso, pero ya aclaró en declaraciones a los periodistas que ese dinero correspondió a la devolución de un “préstamo” que él mismo hizo en el pasado a Queiroz, a quien dijo conocer desde hace años.
La Fiscalía brasileña ha intentado interrogar a Queiroz y al hijo de Bolsonaro, pero ninguno de ellos se ha presentado pese a haber sidos convocados para declarar. Queiroz alegó problemas de salud y el hecho de haber sido operado de un cáncer el pasado diciembre.
Flávio Bolsonaro, en cuya cuenta bancaria también se detectaron movimientos sospechosos, es además objeto de investigación, pero sólo en la esfera civil y no penal, pues el caso sólo apunta por el momento a posibles problemas en su declaración de impuestos, que podrían ser subsanados mediante sanciones administrativas.