La medida fue adoptada por el juez del fuero contencioso administrativo Pablo Cayssials, quien hizo así lugar a una acción de amparo promovida por la diputada y candidata presidencial opositora Margarita Stolbizer, denunciante en el caso Hotesur.
En su fallo, publicado hoy por el Centro de Información Judicial, el juez ordena al Ministerio de Justicia proporcionar a Stolbizer, en un plazo de diez días, los datos de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) por la que se le aplicó a Hotesur una multa de 3.000 pesos (325 dólares).
Esa multa le fue impuesta a Hotesur por no haber entregado en tiempo y forma sus balances anuales y la renovación de sus autoridades.
El juez también ordenó al Ministerio de Justicia remitir a la denunciante los estados contables presentados por Hotesur ante la IGJ, órgano público que regula las sociedades comerciales.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre pasado por Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de cometer presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) y administrado por Hotesur, podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.
El caso por las supuestas irregularidades en Hotesur, que tiene sede en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo-, fue investigado inicialmente por el juez federal Claudio Bonadío, de Buenos Aires, quien fue desplazado del caso, que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, también de la capital argentina.
Báez había solicitado que el caso fuera remitido a un juzgado de la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz.
Pero hoy la Cámara Federal de la sureña ciudad de Comodoro Rivadavia confirmó la incompetencia del Juzgado Federal de Río de Gallegos y atribuyó la competencia a la Justicia Federal de la capital, según informó el Centro de Información Judicial.