La Casa Blanca reaccionó con dureza a la decisión del magistrado al tildarla de “indignante”, un calificativo que después retiró en una versión rectificada del comunicado.
También anunció que sus abogados presentarán “lo antes posible” una apelación al fallo con el objetivo de restituir el veto que, a su juicio, es legal y apropiado.
“La orden (ejecutiva) tiene como objetivo proteger al país y el presidente tiene el deber constitucional y la responsabilidad de hacerlo”, añadió el Gobierno en su escueto texto.
Este bloqueo supone la primera bofetada para el Gobierno Trump y una victoria política para los demócratas, cuyos fiscales generales en los estados de Washington y Minesota habían interpuesto la demanda que provocó hoy la suspensión.
Fue el juez federal James Robart, con tribunal en Seattle (estado de Washington), quien bloqueó esta tarde con efecto inmediato sobre todo el país la polémica orden ejecutiva que vetaba desde hace una semana la entrada a Estados Unidos de inmigrantes procedentes de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia y refugiados.
Esa suspensión es temporal y rige hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior a la que acuda el Gobierno, como el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno o el Tribunal Supremo como último recurso, decida levantarla.
Robart, un juez nominado por el presidente republicano George W.Bush (2001-2009), apuntó en su fallo que las “circunstancias presentadas” ante él “son tales que requieren una intervención para cumplir con el orden constitucional”.
Aunque la reacción de la Casa Blanca se demoró cerca de cuatro horas, la de Trump no se hizo esperar y como ya es habitual lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter: “¡Tenemos que mantener al 'diablo' alejado de nuestro país!”.
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo sin embargo que la decisión judicial demuestra que ni siquiera el presidente está por encima de la ley.
“La ley es algo poderoso. Tiene la capacidad de pedir cuentas a todo el mundo, y eso incluye al presidente de Estados Unidos”, dijo Ferguson, que había calificado el veto de Trump de inconstitucional e ilegal al interponer la demanda.
Tras conocerse el fallo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos, la agencia federal encargada de la inmigración, informó a las aerolíneas que los visados de ciudadanos de los países en cuestión vuelven a ser válidos y que deben aceptar a esos pasajeros en sus vuelos.
Del mismo modo, la CBP informó a las compañías de que los poseedores de un visado de refugiado también tienen autorizada la entrada, según explicó a la CNN una de las compañías aéreas.
Con su orden ejecutiva Trump había suspendido durante 90 días la emisión de visados a los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana afectados y durante otros 120 días el programa de acogida de refugiados.
Esas medidas desataron críticas tanto en el interior del país, con numerosas protestas en los principales aeropuertos, como a nivel internacional, con condenas por parte del Reino Unido, que las consideró divisorias y equivocadas, España o Francia.
El Departamento de Estado aseguró hoy que se han cancelado cerca de 60.000 visas de extranjeros provenientes de esos siete países después de la entrada en vigor del veto migratorio, aunque cifras del mismo departamento apuntan a que los afectados podrían ser unos 100.000.