Esta controvertida práctica, en la que se lanzan piedras contra el infractor parcialmente enterrado, provocó las protestas de las organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y de los países occidentales que instaron a Irán a abandonarla.
El artículo 225 del código penal revisado establece que un juez puede modificar la forma de ejecución de un condenado “si la posibilidad de lapidación no existe”, sin dar precisiones sobre este último aspecto.
Sin embargo, su decisión debe ser aprobada por el jefe de la autoridad judicial.
En Irán, las ejecuciones normalmente se realizan por ahorcamiento.
Según la interpretación iraní de la Sharia (ley islámica) en vigor desde la revolución de 1979, el adulterio se castiga con la lapidación de las personas condenadas por este motivo.
Antes del lanzamiento de piedras, se entierra a las mujeres hasta los hombros y a los hombres hasta la cintura. Si logran liberarse antes de morir, salvarán la vida.
El asesinato, la violación, el robo armado y el tráfico de drogas también se castigan con la pena de muerte en Irán, un país que posee una de las cifras de ejecuciones anuales más altas del mundo junto a China, Arabia Saudí y Estados Unidos.
Al menos 150 personas murieron lapidadas en Irán entre 1980 y 2010, según datos del Comité Internacional contra la Lapidación con sede en Alemania.
El nuevo código penal fue aprobado el pasado 1 de mayo por el Consejo de los Guardianes de la Constitución.
El 24 de mayo, el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad lo hizo llegar a la autoridad judicial y al Diario Oficial para su publicación.