Los cuerpos fueron enterrados en 2013 en dos fosas de varios metros de profundidad ubicadas en el poblado indígena de Tetelcingo, municipio de Cuautla.
“Vamos a revisar que se haya actuado con todos los protocolos que manda la ley” , dijo a la prensa el fiscal de Morelos, Javier Pérez, sin precisar cuáles y cuántos funcionarios están siendo investigados.
Según el fiscal, se trata de cuerpos que no han sido plenamente identificados y que se habían ido almacenando en las instalaciones de la fiscalía. Aunque la dependencia tiene facultad para depositarlos en fosas comunes, debe contar con los debidos procesos legales, periciales, sanitarios y administrativos, dijo Pérez.
“Desgraciadamente, Servicios Periciales de la fiscalía no cuenta con un área tan grande como para poder estarlos soportando” , reconoció el fiscal.
Este viernes, agentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvieron en Tetelcingo para realizar su propia indagatoria, y según la secretaria ejecutiva de la institución, Fabiola Colín, las fosas contienen más de 140 cuerpos.
La fiscalía de Morelos decidió indagar sobre este caso el jueves, a raíz de la difusión en medios locales de un video que muestra a peritos forenses exhumando decenas de cadáveres.
Este video fue tomado en diciembre de 2014 por la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez, un hombre asesinado que se hallaba en esas fosas comunes.
Rodríguez fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 y diez días después su cuerpo fue encontrado en un barranco. Las autoridades enterraron el cadáver en Tetelcingo, pero tuvieron que exhumarlo en diciembre del año pasado, cuando la familia de la víctima, tras una larga investigación realizada de manera privada, reclamó el cuerpo.
Pese a la oposición de las autoridades, la familia de Rodríguez filmó la exhumación y contó 150 cadáveres embalados en plástico y que habían sido colocados en tablas que hacen las veces de camillas. Según esta familia, la mayoría de los cadáveres no cuenta con número de expediente.
En Morelos operan cárteles narcotraficantes como Los Rojos y Guerreros Unidos, este último involucrado en la desaparición y presumible masacre de los 43 estudiantes en el vecino Guerrero. Estas bandas criminales se financian también a través de extorsiones y secuestros contra pobladores y comerciantes.
Las pugnas entre cárteles y los operativos militares para combatirlos han dejado desde 2006 más de 100.000 muertos y desaparecidos en México.