El informe sostiene que la dictadura que imperó entre 1964 y 1985 dejó 434 muertos y desaparecidos y fue presentado en una ceremonia encabezada por la presidenta Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió en carne propia la tortura por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen.
“Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión ” , dijo la mandataria, quien rompió a llorar en medio de su discurso pero aclaró que las atrocidades relatadas en el documento “no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas”.
El voluminoso informe detalla en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía viven.
Los acusados, sin embargo, no pueden ser llevados a tribunales debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo.
Rousseff, cuyo Gobierno ha manifestado “respeto” por esa decisión del Supremo, afirmó que Brasil reconquistó la democracia “ a su manera, por medio de luchas duras y sacrificios irreparables”, pero “también a través de pactos”.
Apuntó que la sociedad “ respeta y reverencia a todos los que lucharon por la democracia, a los que enfrentaron la truculencia ilegal del Estado ” y garantizó que “jamás dejará de enaltecerlos”.
Pero dijo que la sociedad también “valora los pactos políticos que llevaron a la democracia”, en aparente alusión a los acuerdos que condujeron a la amnistía de 1979.
La Comisión de la Verdad, sin embargo, incluyó en un capítulo de “recomendaciones” la sugerencia de que esa amnistía no sea aplicada a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad.
Rosa María Cardoso, una de los seis miembros de la comisión, dijo en una rueda de prensa posterior a la presentación del informe que “las leyes internacionales que Brasil ha firmado dicen que tienen que ser castigados”.
Jose Carlos Dias, otro integrante del grupo, sostuvo que “una amnistía no puede convertirse en instrumento de impunidad” y agregó que “ la dictadura juzgó, condenó, torturó y mató a aquellos acusados de practicar crímenes políticos, pero los crímenes de sus agentes no fueron comunes, sino delitos de lesa humanidad”.
Según el documento, la amnistía no puede amparar a responsables de “detenciones ilegales, torturas, ejecuciones, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres, lo cual es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional”.
El informe afirma que esos delitos fueron cometidos “de una forma sistemática, constituyen crímenes contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles y no pueden ser objeto de una amnistía”.
La comisión sostuvo que “además de la responsabilidad que puede o debe recaer individualmente sobre agentes públicos”, también es “imperativo un reconocimiento institucional de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en ese cuadro terrible”.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas han declarado en forma oficial, mediante un documento divulgado este año, que no pueden “negar ni confirmar” que durante la dictadura hubo violaciones de los derechos humanos.
Según la Comisión de la Verdad, esa declaración es “absolutamente insuficiente” y “se impone un reconocimiento claro y directo como elemento esencial para una reconciliación nacional y para que esa historia no se repita”.
La contundencia del informe y el apoyo de la comisión a que se juzgue a los culpables reanimó la polémica sobre la amnistía y le dio alas a organizaciones de derechos humanos para reclamar castigo para los represores.
La comisión presenta “ un relato categórico, guardado durante mucho tiempo, sobre los más graves crímenes cometidos durante la dictadura ” , declaró la directora de Human Rights Watch en Brasil, María Laura Canineu.
Agregó que el informe “indica el camino para una próxima y crucial medida”, que es “garantizar que aquellos que cometieron atrocidades respondan ante la Justicia”.
No obstante, en el tribunal supremo no parece haber clima para volver a discutir la amnistía.
El magistrado Marco Aurélio Mello dijo hoy que esa amnistía, ya ratificada por la corte, “representó un perdón para los dos lados” y permitió “una transición democrática pacífica ” en un país que “ahora debe mirar hacia el futuro, no hacia el pasado”.