En rueda de prensa en el parlamento regional catalán, presentaron este texto, bautizado “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, que han decidido aprobar en septiembre, antes de realizar la consulta de autodeterminación, pero en una fecha aún por definir.
Esta ley busca “dar un marco jurídico al periodo inmediatamente posterior” a una eventual victoria en la consulta independentista, explicó Lluis Corominas, jefe del grupo parlamentario Junts pel Sí (Juntos por el Sí), la coalición separatista que dirige el gobierno regional catalán.
Su aplicación sería automática en caso de victoria en el referéndum de secesión prohibido por Madrid que, aun así, están determinados a celebrar el 1 de octubre. Sin embargo, el texto incluye una disposición por la cual no entrará en vigor si gana el No, en cuyo caso, explicó Corominas, se convocarán elecciones regionales anticipadas.
La norma precisa que “la Generalitat (gobierno catalán) ejerce la autoridad aduanera en el territorio de Cataluña, y actúa de acuerdo con el régimen aduanero y arancelario derivado del derecho de la Unión Europea (UE)”. Asimismo, en su artículo 6 de 89 precisa que “Cataluña disfruta de los derechos de la soberanía (...) en lo que respecta a su plataforma continental y su zona económica exclusiva”.
Preguntados por los periodistas no obstante, los diputados independentistas no pudieron precisar cómo se ejercerá ese control de las fronteras, una decisión, dijeron, que corresponde al gobierno catalán.
Los catalanes están divididos sobre la conveniencia de separarse de España. Según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión, dependiente del gobierno catalán, un 41,1% se declaraba a favor en junio (frente a 44,3% en marzo) y 49,4% en contra (frente a 48,5%).
El gobierno central de Mariano Rajoy afirma una y otra vez que no habrá referéndum de autodeterminación en la región con 7,5 millones de habitantes, y amenaza con enjuiciar a quienes organicen la consulta, declarada inconstitucional por la justicia española.