“Todos los escenarios pueden estar y han de estar previstos”, afirmó este domingo el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, en declaraciones a la emisora Catalunya Radio, invitando a “tomar decisiones”, pero sin revelar su alcance.
“Hemos de tomar decisiones, como dijo el presidente (1/8) catalán Carles Puigdemont(3/8), con todas las consecuencias”, explicó Turull. Cuando se le preguntó si aceptaría la destitución si viniera del gobierno de Mariano Rajoy, respondió: “Me debo al presidente de la Generalitat de Cataluña .
La cuenta atrás para el cese del gobierno independentista catalán y la toma de control de la región por parte del gobierno central empezó el sábado con el anuncio de las medidas para “restaurar el orden constitucional” en Cataluña.
El Senado admitió a trámite la petición del gobierno de Rajoy de usar el artículo 155 de la Constitución -para llamar al orden a un gobierno autonómico desobediente- y tirar adelante su plan. La cámara votará la medida el próximo viernes.
El lunes, los portavoces de los diferentes partidos con representación en el parlamento catalán se reunirán para fijar la fecha del próximo pleno, que podría ser una nueva oportunidad de declarar unilateralmente la independencia en cumplimiento de los resultados del referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
En su respuesta a la batería de medidas que prepara el gobierno central, Puigdemont dijo que pedirá al Parlamento que actúe “en consecuencia” con “el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia”.
La indignación entre la mitad aproximada de la sociedad catalana que apoya la independencia aumentó en los últimos días, y, con ella los apremios a que Puigdemont dé el paso definitivo.
Otras voces le reclaman que convoque elecciones antes de que lo haga Rajoy, lo que aparece como una vía de salida a la crisis antes de que el Senado vote el viernes.
Pero Turull dijo que esa opción “no está sobre la mesa”.
El diario barcelonés La Vanguardia publicó este domingo un editorial instando al presidente Puigdemont a “poner las urnas” para unas elecciones regionales. “Hay personas que comienzan a ver en peligro sus puestos de trabajo. Existe el riesgo de un enfrentamiento civil. Ese peligro es real”, estimó el rotativo barcelonés, justificando su demanda.
Otra de las incógnitas es cómo Rajoy materializará su amenaza de destituir al gobierno catalán y el resto de las medidas. Pero su ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aclaró este domingo en la BBC que “no vamos a detener a nadie”.
“El problema no es aplicarlo, es cómo aplicarlo”, dijo a la AFP el profesor de derecho constitucional Xavier Arbós, de la Universidad de Barcelona, sobre un artículo 155 de la Constitución de 1978 que hasta ahora nunca se usó a fondo.
Las organizaciones independentistas calibran lo que se avecina. Rubén Wagensberg, portavoz de En Pie de Paz (En Peu de Pau), un colectivo pacifista y opuesto a la violencia creado hace poco, explicó a la AFP que “si entra la guardia civil a una de las instituciones catalanes, habrá resistencia pacífica”.
“Se podría conseguir una movilización muy importante, como ya se vio en otras partes, como para proteger los colegios electorales el 1 de octubre”, aseguró, sobre la jornada del referéndum, que se tradujo en cargas policiales y heridos, unas estampas perjudiciales para el gobierno de Rajoy.
El anuncio de las medidas de Rajoy podría redefinir los espacios políticos en Cataluña, y el independentismo podría atraer, en su enfrentamiento con Rajoy, a la izquierda representada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
El sábado Colau participó en la multitudinaria manifestación independentista de Barcelona para reclamar la puesta en libertad de dos líderes del movimiento, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y denunció que “Rajoy ha suspendido el autogobierno de Cataluña por el que tanta gente luchó”.
Se trata, sentenció la alcaldesa, de “un grave ataque a los derechos y libertades de todos, aquí y en todas partes”.
Además de sus dos principales medidas –cese del gobierno catalán y convocatoria de elecciones en seis meses–, los planes de Rajoy abren la puerta a la intervención de los medios públicos catalanes y de la policía regional.
Dastis dijo en la BBC que quieren asegurarse de que “hay puntos de vista plurales en todos los servicios audiovisuales”.
Para el profesor Arbós, todo ello “es inconstitucional”, porque “la Constitución reconoce el derecho a la autonomía”.
En cualquier caso, afirmó Arbós, el panorama es poco claro, porque “la declaración de independencia es posible, pero hacer efectiva la independencia es imposible”.