La decisión judicial adoptada la noche del jueves también afecta a su hermano Ilan Heredia y a su amiga Rocío Calderón. La esposa del presidente deberá además acudir a firmar mensualmente ante un tribunal y reportar cualquier cambio de domicilio.
Los abogados de los tres investigados anunciaron que apelarán la medida. Nadine Heredia deberá pagar además una garantía de 50.000 soles (unos 15.000 dólares) por la “naturaleza sumamente grave del delito investigado”, precisó el juez Richard Concepción, a cargo del caso, tras una audiencia de 14 horas que fue televisada.
La defensa de Heredia cuestionó que el caso se haya construido en base a la declaración de un “colaborador eficaz”, que confiesa a cambio de beneficios judiciales, y cuyas afirmaciones, dijo, no están probadas. Parte de las indagaciones del fiscal se apoyan también en unas agendas de propiedad de la primera dama, con anotaciones de transferencias de dinero, reuniones con empresarios y posibles financistas.
En un primer momento, Heredia negó ser propietaria de esos documentos, pero luego admitió que se los habían robado y reconoció su escritura en las anotaciones. Para el juez, esto configura una conducta de “desviación de la verdad”.
El caso que impulsa la fiscalía llegó a tribunales el jueves, cuando faltan seis semanas para que finalice el mandato de cinco años del presidente Humala, en lo que constituye la primera vez que se involucra judicialmente a la esposa de un presidente en ejercicio.
La acusación asegura que la esposa del mandatario simuló contratos con algunas empresas para justificar ingresos. El fiscal Germán Juárez, autor del pedido, argumentó que “es palpable el riesgo de fuga de la señora Nadine Heredia estando cerca el fin del mandato de su esposo Ollanta Humala”.
Según Juárez, la primera dama habría encabezado “una organización delictiva” que lavó el dinero que ingresó al Partido Nacionalista entre 2006 y 2011, año en que Humala aspiró con éxito a la presidencia. El Ministerio Público busca determinar el origen de los fondos que financiaron esas campañas. La tesis de la fiscalía es que el partido gobernante consignó aportes falsos por cinco millones de soles (1,5 millones de dólares).
Los fondos para financiar esas campañas provinieron del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, señaló el fiscal citando a un “colaborador eficaz”.
Para el juez Concepción, se desprende que parte del dinero recibido del extranjero fue usado por Nadine Heredia para el pago de la hipoteca de un inmueble. El fiscal aseguró en la audiencia que tiene en su poder una carta del expresidente Chávez a Heredia, escrita con tinta roja, donde señala que envió dos millones de dólares.
El abogado defensor de la primera dama, Eduardo Roy, desestimó las imputaciones de la fiscalía, todas “en base a especulaciones”, señalando que no se justifica impedir a Heredia salir del país. “Me parece un despropósito, una exageración este es un caso débil y muy mediático que ha afectado mi honor”, dijo la primera dama al canal N de televisión este jueves.
Señaló que no hay pruebas de lo que “se me está acusando” y calificó de “espuria (falsa)” la carta que se atribuye al fallecido exmandatario Hugo Chávez. La fiscalía formalizó el 8 de junio la acusación a la primera dama, a su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia y su amiga Rocío Calderón como “coautores de la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión en agravio del Estado peruano”.
Desde 2006 la oposición acusó a Humala y a su entorno de haber recibido financiamiento del chavismo venezolano, con el que el Partido Nacionalista peruano tenía cercanía en esos años. La fiscalía de lavado de activos retomó el caso en 2015 con nuevos elementos para determinar si las donaciones para la formación de la agrupación nacionalista y para la campaña fueron hechas de forma legal. Humala descartó en su momento algún tipo de financiamiento del gobierno venezolano pero admitió que recibieron donaciones probadas del extranjero de forma legal.