En un informe, pidió la liberación inmediata de todos los detenidos sin cargos reconocibles o demostrar que han cometido delitos, antes de llevarlos ante un tribunal que cumpla las normas internacionales sobre juicios justos.
Las desapariciones forzadas constituyen “una violación grave del derecho internacional y de los derechos humanos”, advirtió HRW, que reiteró que la práctica sistemática de este delito “como cuestión política supone un crimen contra la humanidad”.
Además, hizo un llamamiento a los “aliados de Egipto”, citando especialmente a EEUU y los países europeos, para que no presten ningún tipo de asistencia a las fuerzas de seguridad egipcias hasta que este país “investigue de forma transparente los abusos graves” que se están llevando a cabo en este territorio.
“Las fuerzas de seguridad egipcias, aparentemente, han detenido a decenas de personas sin decir una palabra acerca de dónde están o qué ha pasado con ellos”, lamentó Joe Stork, subdirector de HRW para Oriente Medio, en el comunicado. Aseguró que la policía egipcia “ha disfrutado de una impunidad casi absoluta bajo la presidencia de (Abdelfatah) Al Sisi”.
La organización remitió a informes “creíbles” de diferentes organizaciones egipcias de derechos humanos que han documentado decenas de casos de desapariciones forzadas entre 2013 y 2015. Uno de esos informes fue publicado por el grupo “Libertad para los valientes”, que aseguró que al menos 163 activistas y opositores egipcios desaparecieron forzosamente en el país desde el pasado abril hasta junio.
Asimismo, hizo referencia al grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas que dijo en un informe en septiembre de 2014 que tenía 52 casos pendientes en Egipto y expresó su “preocupación sobre la continuación del deterioro de la situación” en este país, lo que facilita las múltiples violaciones de derechos humanos.
Desde el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, las autoridades han declarado la guerra al terrorismo y perseguido a los Hermanos Musulmanes, así como a opositores, activistas y periodistas, entre otros.
En un comunicado, las organizaciones de derechos humanos pidieron a Naciones Unidas que aconseje al Gobierno egipcio en su lucha contra el terrorismo para evitar las violaciones de derechos humanos. Apuntaron que la policía ejerce “control” sobre el poder judicial y advirtieron sobre detenciones arbitrarias y el funcionamiento de campos de detención ilegales.