El juez José Castro emitió hoy un auto en la ciudad de Palma de Mallorca, donde se lleva la causa, que pone fin a una larga instrucción en la que imputa a quince personas en el llamado “caso Nóos”.
Nóos es el nombre de una entidad sin ánimo de lucro presidida entre 2003 y 2006 por el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, y a la que supuestamente se desviaron hasta seis millones de euros procedentes de fondos públicos.
Según el auto, hay “sobrados indicios” de que Cristina de Borbón, de 49 años, intervino en la presunta trama corrupta “lucrándose en propio beneficio” y “facilitando los medios para que lo hiciera su marido”, mediante una “colaboración silenciosa”.
La intervención de la hermana del rey fue mediante “la colaboración silenciosa de su 50 por ciento de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon”, de la que el otro cincuenta por ciento era de su esposo.
Según el juez, dichos fondos “ilícitos” proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó “gracias a sus defraudaciones fiscales”.
Castro considera “difícil compatibilizar” que Aizoon fuera “una sencilla y entrañable entidad familiar” con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con numerosas sociedades del entramado de Nóos.
Cristina de Borbón acudió a declarar ante el juez el pasado 8 de febrero, aunque su actitud “se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo”, según el auto.
Sobre Urdangarin pesa la imputación por nueve delitos, ya que es considerado supuesto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.
El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá su imputación, por entender que no hay base jurídica para ello y que el instructor no ha tenido en cuenta informes de la Agencia Tributaria española que, en su opinión, exonerarían a su defendida.
También recurrirá el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, para quien “sigue sin existir ningún elemento en contra ” de la infanta Cristina, que “ha sido imputada por ser quien es”, en alusión a su parentesco con el rey.
Horrach dijo a Efe que la infanta ha sido tratada de manera “injusta” y añadió que tras escuchar a “trescientas treinta y pico personas” no existen elementos incriminatorios contra ella.
Los recursos implican que corresponderá a una sala de la Audiencia Provincial de Palma, integrada por varios magistrados, decidir si finalmente la infanta es procesada, lo que sería un hecho inédito en la historia de España.
Tras conocer el auto, un portavoz de la Casa del Rey expresó su “pleno respeto a la independencia del poder judicial”, una fórmula que también empleó en nombre del Gobierno el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
“En este país la ley es igual para todos”, señaló el ministro, quien recordó las palabras de Felipe VI durante el discurso inaugural de su reinado, el pasado día 19, cuando proclamó su respeto a la independencia judicial.
La nota dominante en las reacciones políticas en España a esta decisión de Castro fue mostrar respeto a la independencia del juez, aunque diversas formaciones de izquierda fueron más lejos y apuntaron su convicción de que se trata de un triunfo de la Justicia, por el simbolismo de ver como imputados a personas vinculadas por parentesco al rey.