“Tras escuchar las declaraciones de (el detenido) Salvador González, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Cicig consideran que podría encontrarse en una situación de gravedad pues su integridad se encontraría amenazada y en riesgo”, afirmó la comisión internacional en un comunicado.
González, conocido como Eco y vinculado a un millonario fraude en las aduanas, dijo el lunes ante un juez que Pérez y Baldetti recibían 50% de los sobornos recaudados por la estructura denominada “La Línea”, que cobraba gratificaciones a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Ante las declaraciones, la Cicig consideró que las autoridades deben “adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de González”.
Pidió también extremar “las medidas de seguridad de González durante los traslados y durante su permanencia en el centro de reclusión dispuesto por el juez” Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso. De acuerdo con la nota, la solicitud se hace debido “a lo delicado de esta situación”.
González fue detenido el pasado 16 de abril como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios del sistema aduanero.
Durante la audiencia, González explicó la forma en que fue organizada la estructura de defraudación y confirmó reuniones con Pérez, quien renunció a la presidencia el pasado 2 de septiembre a raíz del escándalo y actualmente cumple prisión preventiva.
La Fiscalía y la Cicig, un ente adscrito a la ONU, identifican a Pérez como uno de los cabecillas de la red junto a su exvicepresidenta Baldetti, quien dimitió el 8 de mayo.
El desfalco en las aduanas nacionales generó una ola de indignación en Guatemala y miles de manifestantes protestaron en varias plazas del país para exigir justicia y la salida de Pérez y Baldetti, a quienes acusaban de ser los principales protagonistas del escándalo.