Es un movimiento que otorga a Guaidó poder para influir en el destino del continente americano.
El venezolano Gustavo Tarre, representante en la Organización de Estados Americanos (OEA) de Guaidó, ocupa el asiento de Venezuela desde mediados de abril y ya puede participar activamente en el organismo con su voto.
“Esto sirve para aumentar la legitimidad internacional. Cada día Maduro está más solo”, dijo a Efe Tarre, que el 9 de abril recibió el apoyo del Consejo Permanente de la OEA para convertirse en “representante permanente” por designación de la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), presidida por Guaidó.
Este mismo viernes Tarre ya hizo valer su voz en el organismo y se posicionó a favor de que se apliquen medidas para disciplinar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por sus “acciones represivas” contra quienes desde abril de 2018 piden su renuncia tras 12 años consecutivos en el poder.
Dirigiéndose al resto de embajadores, Tarre expresó: “Observarán ustedes un cambio sustancial en la posición de nuestro país, de un vergonzoso apoyo a la dictadura de la familia Ortega, vamos a pasar a un fraterno y solidario respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua para restablecer la democracia”.
Tarre ya ha adelantado que una de sus prioridades será la “vuelta” de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos, cuyos pilares son la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José (Costa Rica).
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En 2012, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte IDH.
Y en abril de 2017, Venezuela se convirtió en el primer país en solicitar su salida de la OEA, al denunciar su carta fundacional firmada en Bogotá en 1948, un proceso que cumplía hoy.
Técnicamente, según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA puede retirarse cuando se cumplen dos años de ese acto, pero solo si está al día en el pago de sus deudas, que en el caso de Venezuela ascienden a 12 millones de dólares.
Maduro no pagó esa deuda, pero los representantes de Guaidó han asegurado que la asumirán para permanecer en el mecanismo panamericano, por lo que de facto Venezuela sigue dentro.
De hecho, en declaraciones a Efe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que la salida de Venezuela se frenó poco después de que el 23 de enero Guaidó invocara unos artículos de la Constitución de Venezuela para reclamar que como jefe del Parlamento debía ser presidente de manera interina.
“Venezuela tiene hoy un Gobierno democrático de transición y ha suspendido el trámite de denuncia de la carta de Bogotá y retiro de la organización que había empezado el Gobierno anterior, que fue declarado ilegítimo. Por lo tanto, Venezuela sigue sentada ahí con Gustavo Tarre”, expresó Almagro.
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Existen pocos precedentes en Latinoamérica de una situación como la que vive actualmente Venezuela, en la que dos líderes políticos reclaman ser los “legítimos” jefes de Estado.
El 9 de abril, el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, explicó que solo se han dado situaciones parecidas en dos ocasiones: durante el golpe de Estado de Haití en 1991 y, en Panamá, cuando salió del poder el entones presidente Manuel Noriega (1983-1989) y entró Guillermo Endara (1989-1994).
En el caso de Haití, la OEA condenó el golpe de Estado, respaldó al presidente Jean-Bertrand Aristide y nunca apoyó a la junta militar, que acabó colapsando en 1994.
Mientras, la OEA condenó la polémica intervención militar de EE.UU en Panamá en diciembre de 1989, que acabó con el régimen del general Noriega, sucedido por Endara.
En el actual caso de Venezuela, de momento, Guaidó ha conseguido colocar a sus representantes en dos organismos: la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que el 15 de marzo reconoció como gobernador del país al economista Ricardo Hausmann, exministro del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
Es el reflejo de una lucha de Guaidó por lograr legitimidad a nivel internacional y que, en el caso de la OEA, le otorga poder efectivo para definir el rumbo del continente americano.