Naidoo declaró durante más cuatro horas ante la Fiscalía de Nazca, 460 kilómetros al sur de Lima, en una audiencia cuyos detalles son reservados, según señaló el portavoz.
La fuente comentó, sin embargo, que el director de Greenpeace “ha brindado una declaración muy extensa y exhaustiva” y reiteró su voluntad de “colaborar con la investigación”.
“Lo importante es que nos ha brindado el nombre del funcionario a cargo de esta acción, como fiscalía vamos a hacer las gestiones correspondientes para citarlo”, dijo el portavoz antes de confirmar que se trata de un extranjero.
Añadió que Naidoo también aseguró “que no existe un peruano que haya participado en este hecho”, pero dijo que la fiscalía tiene “indicios de que esto no sería del todo correcto”.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Nazca, a cargo de la fiscal Patricia Begazo, busca “identificar a todos los autores” de la incursión, para lo cual cuenta con un plazo máximo de cuatro meses, indicó.
Mientras Naidoo declaraba, grupos de manifestantes se mantuvieron a las afueras de la Fiscalía de Nazca, donde exigieron una sanción para los activistas que dañaron los milenarios geoglifos.
El director de Greenpeace también manifestó “que de encontrarse una responsabilidad personal y patrimonial están dispuestos” a aceptarla, concluyó la fuente.
Al término de la audiencia, el máximo representante de la organización internacional ofreció una breve rueda de prensa en la que reiteró que lamenta mucho que los activistas de su organización hayan ingresado a las Líneas de Nazca “sin saber que estaban haciendo un gran daño”.
Naidoo pidió disculpas a Perú y al pueblo de Nazca y ratificó que su organización acatará los requerimientos de la justicia peruana.
Confirmó, además, que la fiscalía le solicitó se mantenga en reserva sus declaraciones, por lo que declinó ofrecer mayores datos.
Un grupo de activistas de Greenpeace ingresó el pasado 8 de diciembre a las Líneas de Nazca para colocar un mensaje dirigido a los participantes en la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas (COP20).
El Ministerio de Cultura peruano reportó luego a la Unesco “los graves daños” causados al entorno de la figura del Colibrí, en un área de 1.600 metros cuadrados y que, en el lugar, quedó “marcada de manera irreparable la ruta que siguieron para acceder al geoglifo”.
La fiscal Begazo acusa a los activistas del delito contra el patrimonio cultural, en la modalidad de atentado contra los monumentos arqueológicos, en agravio del Estado Peruano, que es castigado con penas de hasta 8 años de cárcel.
Naidoo señaló el jueves que su organización ha ofrecido a la ministra peruana de Cultura, Diana Álvarez Calderón, su colaboración para solucionar los daños en las líneas y también el apoyo en otras actividades como una forma de colaboración “a largo plazo” con Perú.
Dijo que, sin embargo, las autoridades peruanas son “de la opinión de que primero se tienen que esclarecer estos hechos por la vía judicial”.
Los presuntos implicados en el caso dejaron Perú el pasado fin de semana después de que un tribunal rechazara la petición de la Fiscalía para que se impidiera su salida porque el expediente no indicaba el domicilio donde debían ser notificados.
Tras esto, el Ministerio de Cultura anunció que buscará que las autoridades judiciales identifiquen a los responsables de la incursión para solicitar su extradición.