La empresa eléctrica y gasista había informado días pasados que a finales de mes se acogería al capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos, después de cumplir el plazo de quince días al que le obligaban las leyes californianas.
El presidente de PG&E, Richard C. Kelly, indicó a mediados de mes que la declaración de bancarrota era “la única opción viable” de la empresa “para hacer frente a las responsabilidades” derivadas de las multimillonarias demandas que afrontaba debido su presunta responsabilidad en los incendios que han asolado California.
La compañía, que presentó su solicitud de declaración de bancarrota en un tribunal del Norte de California, dijo que espera poder seguir prestando sus servicios durante este proceso.
Pese a que en las últimas horas se había especulado con un posible plan de los inversores para inyectar 4.000 millones de dólares adicionales a las arcas de PG&E y evitar así la bancarrota, la oferta no se materializó. La compañía afronta al menos 7.000 millones en reclamaciones y demandas debido a su presunta responsabilidad en el incendio conocido como “Camp Fire”, que en noviembre pasado causó la muerte de 86 personas y destruyó unas 14.000 casas, así como más de 500 negocios, otras 4.300 estructuras y quemó 61.900 hectáreas.
Pese a que formalmente todavía no se ha determinado la responsabilidad de ese enorme fuego -el más letal de la historia del estado-, desde el primer momento los investigadores apuntaron a por lo menos dos incidentes en una línea de alta tensión propiedad de PG&E cercana al lugar donde se iniciaron las llamas.
Eso llevó a multitud de afectados a presentar demandas contra la firma que, unidas a las de varios otros incendios por los que se responsabiliza a la empresa, alcanzan las 750 querellas, en nombre de unas 5.600 personas afectadas y que reclaman compensaciones que podrían llegar en total a los 30.000 millones de dólares.
Durante las jornadas siguientes, la cotización en bolsa de la compañía eléctrica se desplomó, al aventurar ya los mercados que una futura bancarrota se hallaba en el horizonte. PG&E aseguró este martes que con la aprobación de declaración de bancarrota busca un acuerdo de financiación de 5.500 millones con sus acreedores que le permitan sobrevivir a las demandas.
La empresa había asegurado anteriormente que solo dispone de unos 1.000 millones de dólares. La distribuidora eléctrica se ha mostrado comprometida a utilizar el “proceso supervisado por un tribunal” a través de la declaración de bancarrota para resolver de manera “ordenada, justa y expedita” las demandas de que es objeto por los incendios forestales de 2017 y 2018 en el norte de California.
Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, aseguró que seguirá “trabajando para garantizar que los californianos tienen acceso a un servicio seguro, fiable y asequible” y que tanto las víctimas de los incendios como los empleados de PG&E “son tratados con justicia”. PG&E proporciona servicio de gas y electricidad a unos 16 millones de residentes del estado.