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Las delegaciones retomaron hoy formalmente la negociación conjunta en La Habana tras un receso de diez días en los que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, decidió suspender por un mes los bombardeos a los campamentos de las FARC y crear una nueva instancia que acompañe el proceso, la Comisión Asesora para la Paz.
A su llegada hoy al Palacio de Convenciones de La Habana, sede permanente de los diálogos desde hace más de dos años, la guerrilla se pronunció en particular sobre esta comisión, que considera “excluyente” y poco representativa de las “nuevas fuerzas políticas y sociales” en Colombia.
“Aunque se trata de una comisión nombrada unilateralmente por el gobierno para que lo asesore, lo que sorprende es la ausencia de diversidad en su conformación”, afirmó el comunicado leído ante periodistas por el jefe guerrillero “Pablo Catatumbo”, uno de los principales negociadores del grupo insurgente.
“Catatumbo” (alias de Jorge Torres Victoria) enfatizó que las FARC inicialmente recibieron con “expectativa ” el anuncio de la comisión nombrada “unilateralmente”, pero lamentó que “con excepciones destacables, es un espejo de todas las formas de exclusión política y social que ha padecido Colombia a lo largo de su vida republicana”.
Las FARC han criticado así a “toda la clase dirigente” del país y por consiguiente al Gobierno por “excluir a los sectores populares de la representación nacional”.
Además, critican que la agrupación, ideada por Santos para “ escuchar diferentes opiniones y críticas ” y pedir “consejos”, falten voces del sector agrario, sindical, estudiantil, femenino y del Frente Amplio por la Paz, que aglutina a movimientos de izquierda y organizaciones sociales de Colombia.
La Comisión Asesora, creada por Santos el 10 de marzo, está integrada por representantes de diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales del país, incluidos dirigentes de la oposición, para recabar sus ideas sobre las negociaciones de paz.
Forman parte del grupo, entre otros, el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus; la presidenta del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo y excandidata presidencial, Clara López, y el cardenal Rubén Salazar; además de la exguerrillera del M-19 y exsenadora Vera Grabe; la exministra y presidenta de la Corporación Manos Visibles, Paula Moreno, o la líder indígena Ati Quigua.
Según la guerrilla, ese listado incluye a personalidades “que habían expresado resquemores e incluso franca oposición” a los diálogos, y en todo caso en la representación se nota “la ausencia del país real”.
Las críticas de las FARC no recibieron respuesta por parte del equipo negociador del Gobierno que lidera Humberto de la Calle y que, como es habitual, no ofreció declaraciones a su llegada a la sede de las conversaciones.
Al margen de las diferencias sobre este tema, las FARC tampoco reaccionaron hoy ante uno de los gestos más notables realizados hasta ahora por Santos de cara a un eventual cese bilateral el fuego, como fue su determinación de detener los bombardeos sobre los campamentos insurgentes por un mes.
Esa decisión, anunciada también la semana pasada, implica un reconocimiento al cumplimiento del alto el fuego unilateral e indefinido iniciado por la guerrilla el pasado 20 de diciembre.
Además, facilita el escenario de trabajo de la subcomisión de fin del conflicto, que funciona en paralelo a la mesa para diseñar propuestas sobre espinosos temas como el fin de las hostilidades y la entrega de las armas, y cuya segunda reunión con representantes de ambas partes será la próxima semana.
El Gobierno y la guerrilla también podrían adelantar en este ciclo otros acuerdos en torno al tema de las víctimas y su reparación, que ocupa la agenda del proceso desde agosto pasado.
En la ronda anterior, de manera sorpresiva, ya pactaron un histórico acuerdo de desminado de tierras que no sólo contribuye a reducir la intensidad del conflicto armado sino que responde a uno de los pedidos de las víctimas.