“Sin desconocer el tradicional apego de nuestro país al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, el Gobierno de Uruguay sigue con preocupación los sucesos políticos que vienen transcurriendo en la República Federativa de Brasil”, comienza el escrito, publicado en la web de la Presidencia.
Dichos sucesos “han afectado la estabilidad política en el hermano país” y “pueden determinar una eventual suspensión en el ejercicio de la presidencia” de Rousseff, “legitima y democráticamente elegida por el pueblo brasileño a través del ejercicio del voto”, continúa el texto.
Ante ello, el Ejecutivo uruguayo expresó su “confianza en los procesos políticos y jurisdiccionales ” de Brasil y abogó por que estos “se desarrollen en el marco de la Constitución y de los valores democráticos que la inspiran”, así como “con la correcta utilización de esas herramientas”.
Rousseff está a un paso de enfrentar un juicio político con miras a su destitución, después de que la Cámara de Diputados decidiera el domingo por 367 votos frente a 137 que el proceso deberá proseguir en el Senado.
Si la Cámara alta aprueba la apertura de este juicio, para lo que necesita una mayoría simple de 41 senadores, la mandataria deberá apartarse de su cargo durante 180 días, tiempo durante el que el Senado tendrá que concluir el proceso, que podría concluir con la deposición definitiva de la presidenta.
La acusación a Rousseff se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.