“El gobierno federal ha intensificado su trabajo en Guerrero, y no se detendrá ni se retirará de esa entidad bajo ninguna circunstancia, hasta asegurarse que la sociedad viva en paz y en lugares seguros”, señaló el funcionario durante la entrega de 384 viviendas a los afectados por los huracanes Ingrid y Manuel en 2013.
Ramírez Marín aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “lucha por garantizar la paz social y mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses”, para lo cual ha impulsado la construcción de 10 mil viviendas en ese estado para que las familias vivan en zonas “seguras, dignas y de calidad”.
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, dijo que se reunió con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y con maestros para brindar mayor apoyo en la lucha por sus demandas.
“Nos reunimos con algunos de los padres de familia representativos, no queremos desde el gobierno generar presión alguna”, indicó Ortega.
Ortega no precisó los acuerdos a que llegó con los familiares ni con los maestros, pero aseguró que éstos “han sido fructíferos, sin protagonismos y con el secreto y la discreción que los propios autores nos han solicitado”.
Añadió que en esos encuentros, su gobierno se comprometió con los padres para acompañarlos y “ser gestores suyos y solidarios con todo el drama y dolor que están viviendo”, y afirmo que ha acompañado a los padres de manera sincera y solidaria.
Asimismo, adelantó el gobierno estatal colaborará para verificar que toda información oficial “sea veraz” para recobrar la confianza y la credibilidad en las instituciones.
Las protestas por la desaparición de 43 estudiantes en los hechos violentos en Iguala cumplieron ocho semanas, las cuales se han incrementado, incluso con hechos violentos, debido a que las autoridades mexicanas no han logrado esclarecer estos hechos, ni precisado el paradero de los jóvenes.
El pasado 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula atacaron a tiros a estudiantes del magisterio de la localidad de Ayotzinapa, causando seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, los cuales, según la investigación de la fiscalía, fueron entregados por los agentes policiales a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un depósito de basura.
Los familiares han rechazado esta versión y están en espera de los resultados de los exámenes de algunos restos óseos para confirmar la versión de las autoridades.
Esta violencia contra los jóvenes evidenció la penetración del crimen organizado en todos los niveles de las estructuras políticas y despertó una ola de indignación a nivel nacional e internacional que se ha expresado intensas protestas para exigir justicia para los jóvenes desaparecidos.
Los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los desaparecidos y maestros han encabezado una cruzada nacional que a la que cada vez se suman más sectores y grupos debido a la falta de resultados sobre el paradero de los jóvenes.
Para mañana domingo los estudiantes y familiares tienen previsto acordar las siguientes medidas de su estrategia de presión para los próximos días.
Actualmente, las autoridades mantienen a más de dos mil agentes en los operativos de búsqueda de los estudiantes y realizan diversos trabajo en numerosas zonas del estado a partir de las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) .
Hasta el momento se han realizado sin éxito diversos operativos en cuevas, minas y propiedades que podrían haber sido utilizadas para ocultar a los jóvenes.
Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , César Camacho, se manifestó hoy en favor de que el país pueda retomar su ritmo y su rumbo, sin descuidar la investigación del paradero de los jóvenes desaparecidos y de identificar y sancionar a todos los culpables de estos hechos.