“Respecto a esta cuestión no hemos tenido diálogo”, dijo el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, en su rueda de prensa diaria tras sobre si se había reunido con la presidenta, Cristina Fernández, para tratar la situación de Boudou.
El responsable gubernamental señaló que, “primero, en mi carácter de jefe de Gabinete, no soy abogado penalista para opinar sobre la situación procesal o la decisión de un juez. Segundo, todo lo que había que decir, ya se ha dicho”.
Capitanich evitó manifestar una postura oficial del Ejecutivo de Cristina Fernández respecto a la delicada situación en la que se encuentra el vicepresidente, después de que el pasado viernes el juez federal Ariel Lijo decidiese su procesamiento por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo.
Lijo es el encargado de la causa de corrupción que investiga la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica.
La resolución judicial sostiene que, valiéndose de testaferros, Boudou utilizó su cargo como ministro de Economía (2009-2011) para hacerse con parte de la empresa y beneficiarse de contratos con el Estado.
El jefe de Gabinete señaló que la agenda institucional ha estado centrada en el conflicto con los fondos especulativos que reclaman en Estados Unidos el pago íntegro de la deuda soberana argentina e impiden cumplir con los compromisos acordados con los acreedores que aceptaron la reestructuración de los bonos.
Capitanich cargó, además, contra los medios de comunicación y dirigentes de la oposición que reclaman que se aparte a Boudou de sus funciones por el “tratamiento inequitativo y desigual” frente a otros políticos en situaciones judiciales similares, como el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, del partido opositor Propuesta Republicana (PRO).
“El caso de Macri es exactamente el mismo y uno observa centimetraje de diarios inexistente, y uno observa también a los mismos dirigentes opositores que se expiden con furibundas declaraciones en esta causa que no han hecho lo mismo respecto a la causa que involucra al jefe de Gobierno de la ciudad”, subrayó.
El vicepresidente, que se enfrenta a cargos penados con hasta 6 años de prisión, inició la pasada semana una gira oficial que le llevó a Cuba y que hoy le llevará a Panamá, donde asistirá, como representante de Argentina, a la investidura del presidente Juan Carlos Varela.