“(El viaje de la comitiva) constituye un hecho trascendente, porque permitirá fijar posición ante autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ante organismos multilaterales de crédito, ante el Congreso de los Estados Unidos”, dijo Capitanich en su rueda de prensa diaria.
La delegación, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, iniciará hoy en Washington su agenda de encuentros con Paul Clement, coordinador de la defensa argentina y exprocurador de Estados Unidos, y representantes del estudio Cleary Gottlieb.
Después, los legisladores se reunirán con la secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson.
Los integrantes de la delegación mantendrán también encuentros con el director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Ricardo Zuñiga, y con varios legisladores estadounidenses.
La agenda incluye además una entrevista con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
Los encuentros con los legisladores estadounidenses tendrán lugar en los días previos a la audiencia de la Corte Suprema del próximo jueves, y en ellos los parlamentarios argentinos les harán saber la voluntad de negociación de Argentina con los querellantes, en condiciones similares a las ofrecidas a los demás acreedores en 2005 y 2010.
Los denominados “fondos buitres” adquirieron deuda argentina con altos tipos de interés y riesgo, con la esperanza de obtener importantes beneficios mientras Argentina atravesaba una severa crisis económica y social que llevó a declarar el cese de pagos a finales de 2001.
En los canjes de deuda de 2005 y 2010, Argentina logró una adhesión del 93% de los inversores para reestructurar una deuda en mora inicial de 102.000 millones de dólares, con una quita del 65%, fuertes ahorros en intereses y plazos de pago extendidos.
En agosto de 2013, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes 1.300 millones de dólares.
La aplicación de esta decisión está en suspenso después de que Argentina presentase una apelación ante el Tribunal Supremo estadounidense el pasado febrero.
Tras el fallo de agosto, el Congreso argentino aprobó, a petición del Gobierno, una tercera apertura de canje de deuda con la esperanza de que ingresen el 7% de acreedores que no lo hicieron en las reestructuraciones previas.