El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, criticó la “anuencia” de los jueces, “dispuestos a generar las condiciones para que el Grupo Clarín no cumpla con la ley”, durante su rueda de prensa diaria.
Para el funcionario, la cautelar dictada este miércoles por el magistrado Pablo Cayssials, que suspende la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para obligar al grupo Clarín a disgregarse y cumplir con las normas de desconcentración mediática, se enmarca dentro de una “una estrategia de impedimento sistemático del cumplimiento de la ley”.
“Desde sus tribunas ellos alientan el debate sobre la calidad institucional cuando, en verdad, la calidad institucional implica también el cumplimiento estricto de la ley y generar las condiciones para que no existan monopolios mediáticos que presionen a gobiernos para impedir el ejercicio pleno y libre de la voluntad popular”, sostuvo Capitanich.
Cayssials hizo lugar ayer a una petición de conocidos periodistas y columnistas argentinos para paralizar el inicio del proceso de transferencia de las licencias del grupo que exceden lo estipulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar prácticas monopólicas.
Entre los demandantes figuran los periodistas Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Joaquín Morales Solá. “Se restringe de una manera extraordinariamente grosera la calidad institucional y se pretende manipular a través de un mensaje unidireccional a la opinión pública, a través de la presión mediática y corporativa”, opinó Capitanich, quien consideró este hecho como “dramático para el pueblo argentino”.
La norma, aprobada en 2009 para sustituir a otra sancionada durante la última dictadura militar (1976-1983), fue declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre el grupo Clarín (el más afectado por la normativa) y el Ejecutivo de Cristina Fernández.
En octubre pasado, la Afsca impuso el proceso de adecuación “de oficio” a Clarín, el mayor multimedia del país, tras considerar que el plan de división voluntaria en seis partes presentado por el grupo en noviembre de 2013 incluía “ventas ficticias” y “vínculos societarios entre las nuevas empresas”. La adecuación voluntaria permite a la empresa elegir la transferencia de las licencias que exceden la ley, mientras que la adecuación de oficio implica que es el Estado el que, por concurso, realiza proceso de venta. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
La norma, que sustituyó a otra sancionada durante la última dictadura militar, fue declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre el grupo Clarín, el más afectado por la normativa, y el Ejecutivo de Cristina Fernández. El enfrentamiento entre el Gobierno y el mayor grupo de medios de Argentina se ha agravado en los últimos días a partir de la cobertura periodista por el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto el pasado 18 de enero por causas aún no esclarecidas.