El texto establece “la posibilidad para cada francés de equivocarse en sus declaraciones a la administración sin correr el riesgo de ser sancionado desde el primer error”.
Al contrario de lo que ocurre ahora, será la administración la que deberá demostrar que el ciudadano actuó de mala fe.
Según el gobierno, ese artículo es la “piedra angular” del proyecto de ley para “un Estado al servicio de una sociedad de confianza”, examinado en primera lectura por la Asamblea Nacional.
El artículo, criticado sobre todo por la extrema izquierda que lo considera como “una renuncia del Estado” y un “rechazo” a los funcionarios, fue objeto de algunos retoques en el Parlamento.
Una enmienda de la Francia Insumisa, un partido de extrema izquierda, aclaró, por ejemplo, que el derecho al error se limita “a la primera equivocación”.