Se espera que la ley 359 sea firmada por el gobernador Rick Scott, quien se ha manifestado a favor de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de este año.
La ley prohíbe a la Junta de Administración Estatal (SBA) “invertir en acciones, títulos de deuda u otras obligaciones” con cualquier compañía en Estados Unidos que haga negocios con el gobierno de Venezuela.
El dinero de los contribuyentes de Florida tampoco podrá ser utilizado para negociar con instituciones financieras o compañías que otorguen créditos o compren bonos, bienes o servicios que de alguna forma beneficien al gobierno de Nicolás Maduro.
Esto ocurre en momentos en que Venezuela se prepara para las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro buscará ser reelegido hasta 2025 y que son tachadas como un fraude por la oposición, cuyos principales líderes están presos o han sido inhabilitados políticamente. El año pasado, una oleada de protestas que exigían la salida del poder de Maduro dejó 125 muertos, en un contexto de profunda escasez, una inflación proyectada por el FMI para este año de 13.000% y una fractura social que está provocando una crisis de refugiados en Latinoamérica. Según la nueva ley 359 de Florida, “el gobierno de Venezuela es intolerable porque ha usado y continúa usando extrema violencia y persecución política en una supresión orquestada de los derechos humanos”.
No obstante, el gobernador tiene la potestad de suspender las restricciones sobre los negocios con Venezuela “si el actual régimen colapsa y hay una necesidad de ayuda inmediata (...) u otras razones humanitarias”.
El gobierno venezolano atribuye la crisis a una “guerra económica” para derrocarlo.
La propuesta fue diseñada originalmente en julio del año pasado por el senador demócrata José Javier Rodríguez, luego de que el banco de inversiones Goldman Sachs comprara bonos venezolanos a menos de la tercera parte de su precio.
La transacción desató la ira de los opositores a Maduro, que acusaron a Goldman Sachs de apoyar la “dictadura”.
Poco después Rick Scott favoreció esta medida. “El régimen de Maduro está dañando y oprimiendo a las familias venezolanas”, dijo en enero pasado, cuando la ley comenzaba a discutirse. “Y yo he sido absolutamente claro en que el estado de Florida no le dará su apoyo”.
De hecho, el gobernador se ha reunido con líderes de la comunidad venezolana en Florida para discutir este tema.
Esta es una de las varias medidas de presión que desde Estados Unidos se ejercen sobre Venezuela.
En agosto pasado, Washington impuso medidas financieras contra el país y su petrolera PDVSA, que según Caracas no solo impiden a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar una nueva deuda venezolana, sino que dificultan el pago de operaciones de comercio internacional. Estados Unidos, que acusa la existencia de una “dictadura” en Venezuela, baraja además la posibilidad de sancionar las exportaciones petroleras en medio de señalamientos al “régimen” de Maduro por adelantar las elecciones presidenciales.
Según datos de 2016 de la oficina del censo, unos 300.000 venezolanos viven en Estados Unidos. De ellos, casi la mitad (144.000) residen en Florida, particularmente en Miami.