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Ese referendo está suspendido por el Tribunal Constitucional. El fiscal general, José Manuel Maza, ordenó en un oficio que en caso de que los alcaldes se nieguen a comparecer para declarar, los Mossos d'Esquadra (policía regional catalana) deberán proceder a su detención y presentación en la fiscalía correspondiente.
La orden llega después de que más de 700 alcaldes hicieran público su apoyo a la celebración de la consulta secesionista a través de la página web www.municipisindependencia.cat y se comprometieran a ceder locales para celebrar el referendo, al que se opone el Gobierno español.
La Fiscalía sostuvo en el escrito que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o particulares relacionada con los actos de organización de la consulta podría incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, penado este último con hasta ocho años de prisión.
La Fiscalía señaló que dado el número de municipios afectados, se priorizará en la tramitación a los ayuntamientos con mayor volumen de población.
El Tribunal Constitucional suspendió a petición del Gobierno central la ley y convocatoria del referéndum de independencia, advirtiendo a las autoridades regionales y municipales de que no participen en la consulta.
En otro revés judicial al plan de la Generalitat (gobierno regional catalán) de realizar la consulta, el TC dio el miércoles 48 horas para que la Sindicatura Electoral catalana -encargada de la planificación de la jornada de votación- informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la suspensión cautelar del referendo.