“ Nadie está sobre la ley. Todo agente de autoridad debe actuar en el marco de la legalidad y no abusar contra el ciudadano ” , sostuvo Meléndez en referencia a los agentes sentenciados por un tribunal especializado.
El pasado 9 de febrero, una corte de la capital salvadoreña condenó a 21 personas por el asesinato de 10 supuestos miembros de pandillas, 2 intentos de homicidio, robo y privación de libertad. Los uniformados que formaban parte del grupo, 5 agentes y un chófer del cuerpo de seguridad, recibieron condenas de entre 3 y 48 años de prisión, mientras que los dos líderes de la organización recibieron sentencias de 184 y 158 años.
El tribunal basó su condena principalmente en la declaración de un testigo con identidad protegida, quien relató que el grupo operó principalmente entre 2014 y 2015, y que recibieron hasta 500 dólares por asesinar a pandilleros de la zona en la que residían los miembros del grupo de exterminio.
Este grupo fue desarticulado en mayo de 2016 por las autoridades de seguridad del país centroamericano, un hecho inédito desde 1996, cuando se desactivó una estructura similar denominada “ Sombra Negra ” .
Las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los cuerpos de seguridad y el retorno de “ escuadrones de la muerte ” alarmaron al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, en una visita que realizó en noviembre pasado. De igual forma, la relatora especial de la ONU sobre muertes arbitrarias, Agnes Callamard, denunció el pasado 5 de febrero, al cierre de una visita de 12 días, la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad.
“ Estoy hablando de un patrón de conducta que llega a ser de ejecuciones extrajudiciales y de abuso de fuerza ” , subrayó en una conferencia de prensa Callamard, quien visitó el país centroamericano desde el 25 de enero.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes atribuidas principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.