Buscan “parar en seco los avances de las mujeres”, denunció Ana María Pérez del Campo, figura histórica del feminismo español. “¡No daremos ni un paso atrás!”, aseveró el miércoles.
Ese día, múltiples asociaciones feministas anunciaron una serie de actos contra Vox, que entró por primera vez en un parlamento regional el 2 de diciembre en Andalucía.
Decisivo para que el candidato del Partido Popular (PP, derecha), Juan Manuel Moreno, sea investido como presidente regional andaluz, Vox condicionó inicialmente su apoyo a la eliminación de medidas contra la violencia contra las mujeres, que juzga “ideológicas” y “discriminatorias” contra los hombres.
Esta medida, que suscitó amplia indignación, no fue finalmente incluida en el acuerdo de investidura entre el PP y Vox. Pero según la socióloga de la Universidad Deusto de Bilbao María Silvestre, Vox envió también el mensaje de que “si no votáis conmigo va a quedar claro que la derecha que quiere hacer las cosas soy yo y no vosotros”, según explica a la AFP.
Más globalmente, Vox reclama en su programa nacional la exclusión del aborto de la sanidad pública, la supresión de las cuotas paritarias en las listas electorales y de “organismos feministas radicales subvencionados”. También piden ampliar el permiso por maternidad y aumentar las prestaciones familiares a las madres.
Hasta el cuestionamiento por parte de Vox, la lucha contra la violencia de género gozaba de consenso en España: la pionera ley contra este fenómeno que deja, según estadísticas oficiales, medio centenar de mujeres muertas anualmente -47 en 2018-, fue adoptada por unanimidad en 2004 en el Parlamento.
Cada caso de una mujer asesinada por su pareja o expareja es cubierto ampliamente por los medios y condenado por la clase política. “Han logrado que algo que no se estaba debatiendo y todo el mundo lo tenía asumido volviera a entrar en el debate”, observa Silvia Claveria, politóloga especialista en feminismo en la Universidad Carlos III de Madrid.
“Todo lo que suponía una legislación favorable a las mujeres (...), te lo tumba, porque con cuatro afirmaciones que son mentira, Vox sabe que eso cala, que eso tiene un público”, estima María Silvestre.
“Claramente creo que es una reacción a la acción y al eco que está teniendo el movimiento feminista en los últimos años” , dice, citando la huelga por la igualdad durante la jornada internacional de derechos de las mujeres, el 8 de marzo, que tuvo un seguimiento masivo en España.
En efecto, en el año 2018 los españoles fueron testigos de una enorme movilización por los derechos de las mujeres, a raíz del movimiento #MeToo, mientras que el socialista Pedro Sánchez formó en junio el gobierno más femenino de la historia del país, con 11 mujeres entre sus 17 ministros.
También decenas de miles de mujeres salieron a las calles indignadas al juzgar muy clemente la condena de cinco sevillanos apodados “La Manada” a nueve años de prisión por abusar en grupo de una joven y grabar sus actos. Un tribunal decidió en enero mantenerlos en libertad condicional. Un nuevo caso que recordó al de “La Manada” estalló en los últimos días con el arresto de cuatro sospechosos de agredir sexualmente en grupo a una joven la noche de Año Nuevo.
“Siempre que se producen avances en la consecución de los derechos de las mujeres, se produce una importante reacción patriarcal”, afirma la concejal socialista y presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, recordando las manifestaciones de la derecha católica en 2010 contra la ley que facilitó el acceso al aborto.
Silvia Claveria considera que el movimiento antifeminista representado por Vox es diferente de aquel que también desfiló en 2004 contra la ley que permitió el matrimonio a parejas del mismo sexo. A su juicio, es un “sexismo más ’moderno’ en el sentido que se considera que los hombres y las mujeres ya son iguales. Y como ya son iguales a los dos se les tienen que aplicar las mismas medidas”.
Pero “tampoco hay tanta gente con ansias de esto”, agrega.